El polémico proyecto de Caserones parecía sufrir un revés judicial, cuando la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó la suspensión de las Resoluciones de Calificación Ambiental de la iniciativa, aprobadas en marzo de 2014, y su consiguiente paralización. Todo debido al recurso de protección presentado por demandantes sociales.

El abogado Jorge García, representante de las comunidades y quien interpuso la acción legal, explicó que los principales reparos al proyecto se relacionan con el fraccionamiento del proyecto, esto porque Caserones evaluó de manera separada las líneas de transmisión  del proyecto minero, además por la ocupación de una zona de agotamiento hídrico y el grave riesgo de contaminación del Río Ramadillas.

Sin embargo, al día siguiente, jueves 3 de abril, el mismo tribunal de Alzada determinó la anulación de su fallo, acción que el abogado García catalogó de “ilógica”. Al respecto señaló que “por el sólo hecho de que Caserones dice que ya tiene incorporado su patrimonio, los derechos adquiridos a partir de la primera evaluación ambiental del 2010, y en consecuencia si los pozos se encuentran mal ubicados, mala suerte. Nosotros en total desacuerdo, de hecho Caserones quiso cambiar la ubicación de su pozo y fue la misma autoridad, con un despropósito increíble, la que se lo negó y la que sugirió desistir de esa solicitud. Desde otro modo de verlo, eso se tiene que hacer de manera obligatoria”, sostuvo.

Por su parte, Claudio Alfaro, dirigente de Tierra Amarilla, señaló que los habitantes se encuentran alarmados ya que tienen la experiencia de la minera Candelaria que dejó sin agua a la cuenca. Asimismo, criticó que los proyectos mineros no dan ningún beneficio a la comunidad, ni siquiera laboral: “Ya se ven muchos parronales secos. Acá eran noventa kilómetros de parronales y entregaron la primera uva que salía del país al extranjero, donde se daba trabajo a más de 19 mil personas en tiempo de cosecha y hoy día eso se ha reducido de manera considerable. Es notorio, uno ve, en los caminos que hace al Valle, parronales prácticamente secos o que ya no hay, los han sacado porque no tienen agua y los mismos agricultores no tienen posibilidades de alcanzar esa agua”, dijo.

En tanto, el vocero de la Mesa Social en Defensa de Atacama, Jorge Godoy, advirtió que está en riesgo la vida de los habitantes de Tierra Amarilla, Copiapó, Chañaral y Caldera, debido a la escasez del recurso hídrico: “Las aguas subterráneas del sector cuatro, ya no existen, las del sector cinco le queda para tres años y en el sector tres queda para un año, de allí ya no hay más a qué recurrir. Estamos ocupando en este tiempo las aguas fósiles de la cuenca del Río Copiapó para poder mantener a la ciudadanía y todas las autoridades no han hecho dado soluciones de fondo al tema del recurso hídrico para asegurar el consumo humano”, afirmó.
Ante la decisión judicial, Jorge García, sostuvo que no se darán por vencidos y durante la próxima semana llevarán a cabo nuevas acciones legales para detener al proyecto minero de Caserones.