Han faltado documentos para comprobar con evidencia lo que parece de sentido común: la violación a los derechos humanos cometida en dictadura no pudo ocurrir sin el consentimiento del jefe de la Junta de Gobierno, Augusto Pinochet. Cinco cables desclasificados por Estados Unidos así lo sostienen, al menos respecto a uno de los hechos más aberrantes acaecidos en dictadura: el Caso Quemados.

Según información rescatada por una investigación de la Universidad de Georgetown, el propio jefe de Estado fue quien ordenó que se detuvieran las indagaciones para determinar las responsabilidades en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas y las heridas graves con las que terminó Carmen Gloria Quintana el 2 de julio de 1986, cuando una patrulla militar les roció con bencina y posteriormente prendió fuego.

“Los abundantes detalles de los documentos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación (…). Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas”, afirmó Peter Kornbluh, responsable de la investigación.

Los informes hasta hoy desconocidos por la opinión pública mundial fueron escritos, entre otros, por el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Harry Barnes. Los documentos fueron enviados en carácter de confidencialidad entre julio y diciembre de 1986 a la Casa Blanca, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Defensa norteamericano.

La acción aberrante de la patrulla encabezada por Pedro Fernández Dittus recobró interés político, ciudadano y judicial la semana pasada, cuando un ex militar rompió un pacto de silencio entre los involucrados y testigos. Junto con detallar capítulos hasta ahora  no conocidos de lo que ocurrió en un callejón de la comuna de Estación Central, el ex conscripto Fernando Guzmán denunció una operación de encubrimiento digitada por el Ejército para que nunca se supiera la verdad: “A cambio de nuestro silencio, la institución nos proveyó de permisos, de dinero, como una manera de continuar con esta mentira y mantenernos callados”, afirmó en Tribunales.

“Una investigación del servicio de inteligencia chileno ha señalado a personal del Ejército como claramente involucrado (en el hecho)”, revela un informe secreto de 1986 para el entonces presidente Ronald Reagan. “Sin embargo, el gobierno chileno, encabezado por Pinochet, está tratando de calificar públicamente a Rojas y Quintana (…) como terroristas, supuestamente víctimas de sus propias bombas molotov”, agregó.

Según lo que afirma la documentación conocida hoy, Pinochet recibió de manos del general Rodolfo Stange, entonces director general de Carabineros, un informe levantado por la institución que identificaba a la patrulla militar y a uno de los soldados que prendieron fuego a los jóvenes opositores. Pero el dictador “le dijo al general Stange que no creía el informe y se negó a recibirlo”, según un cable del Departamento de Estado, publicado casi tres décadas después en este dossier de los Archivos de Seguridad Nacional estadounidenses.

Según Peter Kornbluh, analista de los documentos, el alevoso asesinato de Rojas colmó el vaso en las relaciones entre Washington y Santiago y contribuyó a la decisión del presidente Ronald Reagan de presionar para finalizar con la dictadura, como se concretó en 1990.