De acuerdo a información filtrada por un matutino, el Ministerio de Educación estaría barajando la opción de que el proceso de Desmunicipalización se comience a implementar en 20 comunas del país de manera inicial, con la creación de una Dirección de Educación Pública que estará a cargo de 67 Servicios Locales de Educación (SLE) quienes serán los encargados de administrar el sistema, cuando se supriman las direcciones y corporaciones municipales, cuando comience a regir el sistema en 2018.

Serán 4 los SLE que se harán cargo de estas 20 comunas piloto en la implementación de la Desmunicipalización, y el criterio para definir qué municipios serán incluidos en esta marcha blanca, tienen que ver con los que tengan mayores problemas de gestión educacional en la actualidad y que muestren pobres desempeños en esta área, uno en área rural, otro en urbana, un tercero en un territorio de mayor complejidad y el último en una región completa, pero de menor tamaño.

Parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara, si bien están de acuerdo con esta gradualidad en la implementación de la Desmunicipalización -proyecto que será ingresado el 5 de octubre-, ponen el acento en el financiamiento como uno de los puntos en los que pueden suscitarse controversias, además del aparato administrativo del sistema que tendrá en los SLE el más importante organismo dirigente de la educación pública. La idea es que no sea sólo un cambio de sostenedor, sino un cambio integral del sistema.

La diputada del PPD Cristina Girardi señaló que sería absurdo que el Estado se subisidie a sí mismo en caso de que estos Servicios Locales de Educación se hagan cargo del sistema que dejarán las municipalidades, y reciban financiamiento, vía subsidio, desde el Fisco, con lo que el Estado puede volver a desentenderse de este servicio social, señaló la diputada.

“Nosotros planteamos que si el Estado va a asumir la responsabilidad, para que sea efectiva tiene que haber financiamiento para ello. Porque después no puede venir el Estado o el Mineduc a decir: “Es un problema del Servicio Local, nosotros les pasamos la plata, pero ellos son los malos de la película, ellos son los que no saben administrar”, entonces no podemos llegar a ese absurdo, que es lo que ocurre hoy día, y reproducir, con otros nombres, lo que tenemos hoy día”.

Al igual que la parlamentaria, el secretario general del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, criticó que se mantenga un paradigma de mercado en el mundo educativo, que tiene en la subvención escolar su piedra angular, tal como es el actual sistema, e hizo énfasis en que el Ejecutivo no le de relevancia a la calidad de funcionarios públicos a la que aspiran los docentes en estas nuevas iniciativas legales.

“Nosotros no vemos, en el proyecto, una real decisión de que aquí se fortalezca la educación pública en nuestro país, como en todos los países desarrollados, que entienden que el Estado tiene que tener el control, la tuición, la supervisión, la evaluación, el financiamiento directo de las escuelas que están a su cargo. Y, por otro lado, a nosotros nos quieren hacer una figura un poco sui generis, cuando dicen que pasamos al Estado, pero no quieren reconocer expresamente en la ley, nuestra calidad de funcionarios públicos”.

El diputado de la Democracia Cristiana y miembro de esta comisión, Mario Venegas, reconoció que el Gobierno no ha logrado desmontar el sistema de financiamiento de la educación pública, por lo tanto aún falta para avanzar en la implementación de una nueva forma de concebir un sistema garantizado y con real injerencia del Estado: “No, yo creo que nosotros no hemos cambiado la estructura de financiamiento, al menos en educación escolar”.

Gonzalo Navarrete, alcalde de Lo Prado, y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, señaló, en primer término que la gradualidad propuesta por el Gobierno, es razonable, pero no se puede esperar hasta el 2018 para comenzar con los primeros pasos, por lo que “tienen que haber gestos concretos en que la educación pública va a tener mejoras en gestión, calidad y financiamiento”, en 2016 y 2017.

Navarrete defendió el proyecto y descartó que se vaya a mantener la estructura de financiamiento que acualmente rige, por lo que no será un cambio de un sostenedor, corporaciones municipales y DAEM, por otro como es el caso de los Servicios Locales de Educación.

“Aparece un capítulo entero que no existe en ninguna ley hoy día que tiene que ver con el concepto de escuela. Le da un rol, le da atribuciones, le da capacidad de gestión, incorpora a las comunidades escolares, a través de los consejos escolares en elementos resolutivos, y por lo tanto hay un avance muy importante. Lo segundo en avances, es que tiene la idea de que aquí esto se hace en condiciones de calidad universal para todo el sistema”.

Christian Bellei, académico del Centro de Investigación Avanzada (CIAE) de la Universidad de Chile, refortalecer la Educación Pública es un proceso complejo y multidimensional, lo mismo que sacar la educación del paradigma del mercado. En este sentido, destaca la implementación de la Ley de Inclusión como un paso importante para romper con la visión de mercado en el sistema.

Asimismo, enfatiza en la generación de un aparato de gestión más profesional y que cuente con un financiamiento que no dependa de los vouchers, “un mecanismo que a mi juicio no es el adecuado, ni aportan a la calidad ni a la equidad”, por lo que hay que buscar un reemplazo a este sistema que lo haga cada vez menos relevante, al mismo tiempo que detalla algunas de las mejoras al sistema que se implementarán gracias a los SLE.

“La creación de estos nuevos Servicios Locales de Educación, permite, además, introducir otro concepto: el trabajo en red de las escuelas. En Chile no tenemos la idea de que las escuelas trabajen en red y cooperen entre sí, porque está muy instalada la lógica de la competencia. Creo que, en ese sentido, la posibilidad de trabajo en red y disminuir las presiones de competencia, y aumentar las dinámicas de colaboración, son también importantes, y eso supone tener un sistema privado cuya esencia no es estar compitiendo con el sector público, sino ser un complemento”.

Finalmente, para Bellei, la transición y gradualidad en la implementación de la Desmunicipalización va en el camino correcto, pero enfatiza en que debe ser sostenida y en el menor tiempo posible, ojalá cinco años, aunque se debe considerar que la implementación de los SLE implica la creación de una nueva institucionalidad, lo que explica la necesidad de realizar esta transición.

“Es muy importante en el proceso de transición que el Gobierno tenga las herramientas para generar acuerdos, convenios formales con los municipios, por el período de transición mientras los municipios siguen a cargo de la educación, porque necesitamos que los municipios permanezcan responsables sobre la educación, y también que participen en los nuevos Servicios Locales de Educación”.