La Presidenta Michelle Bachelet confirmó que el próximo año entrará en vigencia el régimen de gratuidad para la educación superior.

Según su anuncio, como parte del envío del proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso, la gratuidad se aplicará a los estudiantes que pertenezcan al 50 por ciento más vulnerable de la población. Esto, equivalente a alrededor de 200 mil alumnos de instituciones de educación superior que no lucren y que cumplan con criterios de acreditación.

Distintos sectores reaccionaron a las palabras de la Mandataria, como el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas (Cruch), Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, quien exige claridad sobre los ingresos que tendrán las universidades, a propósito de la implementación de la gratuidad durante 2016, lo que se relaciona con la elaboración de los presupuestos de los planteles.

Incluso, anticipa que el próximo lunes se llevará a cabo una sesión extraordinaria del Cruch, en la que recibirán al jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, con el objetivo de conocer los detalles de la fórmula que pretende impulsar el Gobierno.

“Las instituciones todavía tenemos algunas diferencias importantes, pero esperamos que con estas informaciones y definiciones que ha tomado el Gobierno, la División de Educación Superior nos aclare por qué hasta la semana pasada nosotros advertíamos diferencias importantes en contra de los presupuestos universitarios”, anticipa.

Por su parte, para la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Valentina Saavedra, se trata de una situación de incertidumbre, especulaciones y desconfianza, con una actitud bastante irresponsable del Gobierno, lo que incluso pone en riesgo la Reforma Educacional.

Por ello, exige que el Ejecutivo se defina ante ese camino intermedio y decida si fortalece la educación pública o continúa subsidiando el sistema.

La dirigenta asegura que el aumento de gasto público podría haber sido un factor positivo, si es que apuntara a fortalecer la educación pública, a expandirla y a entregar una gratuidad efectiva. “Pero no esta gratuidad con límites y condiciones que termina siendo cada vez más una beca”.

En ese sentido, acusa que “el Gobierno está evadiendo el debate de fondo, que no solo es el mecanismo de cómo se transferiría el financiamiento, sino también qué ocurrirá con la educación pública en todo este enredo. Y que hoy nos pasen gato por liebre diciendo que habrá fondos basales, pero que finalmente son lo mismo que un voucher, a nosotros no nos parece. De hecho, es la misma razón por la que estamos llamado a la marcha del 15 de octubre, porque acá lo que se necesita es una reforma real”

Su preocupación apunta a que los anuncios de gratuidad solo han sido anuncios, los que en ningún caso han sido debatidos. “Ni siquiera debaten con sus propios partidos políticos”, advierte la dirigenta estudiantil.

Precisamente este jueves, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, salió a reforzar el anuncio de los avances presupuestarios en Educación e intentar aclarar las dudas. Según la autoridad, se están dando pasos en todos los estamentos, a través de un presupuesto que da un primer paso para la gratuidad.

Más precisa fue la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien explicó que “el alumno cuando se inscriba académicamente, no va a firmar un compromiso de pago con la institución. Es el sistema el que automáticamente le dice si está dentro del quinto decil”.

Según la ministra, el mecanismo consistirá en que el Mineduc firmará un convenio con las instituciones de educación superior, donde “se multiplica el arancel de referencia que se debe pagar por la cantidad de alumnos que están en el quinto decil de cada institución”.

Además, detalló que “todos los alumnos que hoy tienen beca y crédito se mantienen exactamente igual. Lo único que se le pedirá es que el mecanismo financie lo que dure formalmente la carrera”. Por ello, advirtió que “esto va a obligar a que las instituciones ajusten sus currículum para que las carreras duren lo que tengan que durar”.

No obstante, se trata de una situación especial, en la que sin que exista la ley se está intentando adelantar este beneficio, donde tampoco es usual hacerlo mediante una glosa presupuestaria. Así lo reconoce el diputado DC Mario Venegas, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, quien en conversación con el programa Semáforo se refirió al complejo escenario.

Junto con reconocer los errores que ha cometido el Gobierno en cuanto al cronograma de la Reforma Educacional y los tiempos con que se han tramitado los proyectos, el parlamentario se detiene en la importancia de definir qué tratamiento dará el Estado a sus universidades públicas.

“¿Hay que darle el mismo tratamiento a las universidades estatales, que han demostrado calidad y cumplen con estándares exigentes, que aquellas que son privadas y que muchas veces se han transformado en verdaderas estafas para los estudiantes?”, se cuestiona Venegas.

Además, plantea que “existe una situación de excepcionalidad con este adelanto que ha resuelto la Presidenta y el Gobierno, que objetivamente nos ha generado más ruido de lo que hubiéramos deseado. Porque esto da señales y define respecto de lo que será o debiera ser el cuadro permanente que estará establecido en la ley, que tendrá que ser discutida en el transcurso del próximo año, entiendo yo”.

En lo inmediato, el diputado espera que en la glosa del presupuesto aparezca con mayor claridad el tema de la gratuidad y poder despejar las incertidumbres que se mantienen.

Lo que también preocupa es la falta de dirección que tiene esta discusión. “El Gobierno no tiene claro lo que quiere hacer ni tampoco cómo llevar este tema. Se esperaba que existiera una agenda clara, teniendo en cuenta que se trata de una promesa de campaña”, plantea el académico Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech).

En ese contexto, asevera que en ninguno de los dos equipos económicos de este Gobierno, encabezados por Alberto Arenas y Rodrigo Valdés, ha existido una claridad respecto de qué se va a entender por gratuidad. “Si será al interior del sistema público, dentro del Cruch, si se implementará progresivamente y dirigida a los estudiantes o dirigida al sistema”, detalla el académico.

Esa falta de definición, asegura, tiene relación con los dos espíritus de la Concertación. Uno más comunitarista, que busca garantizar derechos colectivos y un sistema educacional, y otro más individualista y liberal, que intenta garantizar derechos de los sujetos.

“Por la forma en que se está moviendo el Ministerio de Educación, al parecer, ahí dentro, existe un conflicto entre lo que son becas y gratuidad. Fundamentalmente porque si llegan a aceptar el mecanismo de becas, las universidades privadas no podrían recibirlas con el sistema legal existente. Entonces, eso también tensionaría el traspaso de dinero a los otros sistemas educativos, como Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, con los que el Gobierno también está comprometido”, analiza.

Para Sobarzo, lo que debería potenciarse son los fondos basales para las universidades del Estado, con atención a aquellas universidades que pueden aparecer con fines públicos, pero habría que discutir cuánto de eso es realmente público.

En cuanto a las cifras que considera la partida presupuestaria, considerando que la Presidenta anunció que uno de cada cuatro pesos se destinará a Educación, del total considerado, 536 mil millones estarán destinados a ese ámbito.