No pasaron inadvertidos los dichos de los empresarios encabezados por la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), la multigremial de los camiones y la Corporación de la Madera (CORMA) el viernes pasado, quienes pidieron al Ejecutivo decretar estado de excepción, ante la seguidilla de hechos de violencia en las regiones del Biobío y La Araucanía.

Esto, porque la oposición se hizo parte del llamado. Juan Antonio Coloma y Gustavo Hasbún, jefe y subjefe de la bancada de diputados de la UDI, respectivamente, emplazaron al Gobierno a “cumplir con el deber constitucional de garantizar la seguridad de la población”, cuando “la fuerza pública está sobrepasada y las embestidas se están transformando en actos que quedan en la más completa impunidad”.

A la solicitud se sumó el diputado Diego Paulsen (RN), quien justificó el planteamiento de sus pares: “Hay que mantener el orden y la paz social en la región y yo creo que una petición de estado de excepción, en ciertos lugares, podría ayudar al menos a calmar las situaciones que hoy día aquejan a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos”, afirmó.

El parlamentario añadió que ven al Gobierno bastante ausente en cuanto a una propuesta de solución a la situación de los parceleros, trabajadores de camiones, agricultores, forestales y trabajadores de los megaproyectos de extracción que se instalan en territorios que son reivindicados por las comunidades indígenas.

El rechazo por parte de las comunidades mapuche no se hizo esperar. Así lo indicó la consejera Nacional de la Conadi, Ana Llao: “Las comunidades me pidieron declarar personas no gratas a todos estos personajes, porque se han atrevido, además, a pedir que se ponga fin a la compra de tierras, cuando hoy día tenemos sobre 170 comunidades esperando que le compren tierras y más de 400 que están en la fila esperando que les den aplicabilidad”, afirmó.

En ese sentido, fue categórica al señalar que “no necesitamos intermediarios ni voceros entre los empresarios que vayan a conversar con el Gobierno y a tomar acuerdos unilaterales que nos afectan a nosotros”.

Pero no sólo las comunidades rechazaron la idea. El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, sostuvo que no están sobrepasados y que no se justifican medidas de excepción constitucional en la zona. Por otro lado, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, expresó que una medida de este tipo limita las garantías constitucionales y no beneficia a nadie.

En estos días el tema ha estado presente también en el Parlamento. En sesión de la comisión investigadora sobre los actos de violencia, los diputados de la Nueva Mayoría apuntaron a la necesidad de mirar más a fondo el tema, prestando atención al origen histórico del conflicto y a las nuevas demandas que han surgido en los últimos años.

Así lo indicó el diputado DC, Fuad Chaín, quien afirmó que el conflicto tiene un origen en una demanda de recuperación territorial antigua: “A eso hay que sumarle nuevas demandas, que también es importante visibilizar y entender, porque hoy el tema no se puede reducir sólo a esto. Hay una demanda fuerte en lo ambiental, el conflicto con las forestales o las centrales de paso, que están generando tensiones tremendamente fuertes”, afirmó.

A eso hay que añadir demandas políticas, como el reconocimiento de un Estado plurinacional, la demanda por autonomía o participación política, a lo que se suman otras necesidades, como la oficialización del mapuzungún y la integración activa de los pueblos en todo ámbito.