Luego de finalizadas las 72 horas que solicitó el Ministro del Interior Mario Fernández para analizar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto de la Reforma Laboral, el Ejecutivo trazó el camino que seguirá el proyecto a través de la tramitación del veto presidencial y la promulgación inmediata de la ley.

De esta manera, se descartó una reforma constitucional, que requería 80 votos a favor en la Cámara de Diputados y 25 en el Senado, para reintegrar la titularidad sindical a la iniciativa, que reconoce el derecho exclusivo de los sindicatos a negociar colectivamente.

También se descartó la implementación de una ley corta que buscaba readaptar la reforma de acuerdo a los puntos impugnados por el TC. “El Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales al proyecto de relaciones laborales”, enfatizó el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz.

El presidente de la Central Autónoma de Trabajadores Óscar Olivos, reconoció esta situación como el resultado del fracaso del Gobierno en materia laboral por limitarse a dialogar con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que aplaudió la decisión del veto.

“Cuando tienes un brazo sindical que pertenece al Gobierno como es la CUT, obviamente hay que celebrar las decisiones del Ejecutivo. Hoy vemos un veto donde el Gobierno considera que hay que acodar ciertas cosas administrativas para que todos queden contentos. Sin embargo, si revisamos en profundidad el tema de la Reforma no hay cambios tan sustanciales”, indicó.

Mientras, para el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, el Gobierno nunca tuvo una hoja de ruta clara respecto de los derechos laborales, por lo mismo, era pertinente reconocer su derrota política y congelar el proyecto para abrir la discusión con otros gremios.

“El mejor camino era básicamente reconocer un de derrota política y congelar el proyecto, es decir, mantener el veto hasta que se pudiese avanzar en una Reforma verdaderamente transformadora. Hay que considerar que aun cuando se eliminen los pactos de adaptabilidad y los quórums, existen más de 25 retrocesos en la legislación así como estaría siendo aprobada”, explicó.

A pesar de reconocer que “el proyecto se ha debilitado” y que “no era lo esperado por la Nueva Mayoría”, el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la comisión de Trabajo, Patricio Vallespín, aseguró que dentro de las posibilidades que existían el veto era la medida más “coherente y responsable” que el Ejecutivo podía implementar.

En ese sentido, el parlamentario apuntó a la responsabilidad que deberá asumir la oposición por no apoyar una reforma constitucional, que hubiese determinado la regulación de los requisitos y obligaciones para la negociación colectiva de los grupos negociadores, y que la misma ministra del Trabajo, Ximena Rincón, advirtió que implicaría mayores procesos judiciales que deberán evaluar caso a caso esta materia.

“Sale una reforma menos potente de lo que se quería, sin embargo, salen cosas fortalecidas como el derecho a huelga efectiva, se termina con el reemplazo, la disposición de información para una mejor negociación, pero sin duda una pilar fundamental se ve debilitado, aunque tendrán que hacerse responsable los partidos de derecha y, también, habrá que considerarlo en la Nueva Constitución, que no me cabe duda integrará la titularidad sindical”, precisó.

Sin embargo, para el diputado de la UDI Patricio Melero, la declaración de la ministra Rincón evidencia improvisación por parte del Ejecutivo, rechazando que el diálogo no prosperara por falta de voluntad política desde el bloque opositor.

Según proyecciones que hicieron los mismos miembros de la comisión de Trabajo de la Cámara, el proyecto podría promulgarse en julio, considerando que el Ejecutivo le otorgará urgencia a la discusión sobre el veto presidencial.