Negativa fue la evaluación que realizó Chile Transparente a los partidos políticos después de la promulgación de la actual ley que los regula.

Un reciente informe reveló que las entidades promediaron un 2,7 en una escala de 1 a 7 en cuanto al cumplimiento de la legislación que se elaboró para subsanar, en parte, los vacíos que derivaron en los actuales escándalos de financiamiento irregular de la política.

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, lo más preocupante es que en ítems como ingresos, egresos económicos, declaración de intereses y patrimonio de candidatos, las colectividades no fueron capaces de superar la nota dos en promedio.

“Los resultados de este índice son malos y preocupantes. Teniendo estándar legal desde octubre de 2016, los partidos debiesen haber ido en masa a publicar información. Uno puede entender que el rendimiento no sea de siete, pero no puede esperar que el rendimiento sea de 2,7. Los partidos tienen una encrucijada y el discurso público hoy día es de recuperar la confianza ciudadana y de redescubrir las notas de intermediación. Claramente cuando no existe información es difícil que eso se cumpla”, argumentó.

Cabe destacar que a partir de la promulgación de la ley en el segundo semestre de  2016 han sido más de 9 millones de dólares lo que el Estado ha entregado a las 32 colectividades inscritas de todo el país.

Por este motivo Precht criticó a entidades como el Servicio Electoral encargado de fiscalizar y sancionar. Sin embargo, precisó que la institución no ha hecho lo suficiente para hacer cumplir la Ley.

“Donde existe dinero público debe existir transparencia. Y si no hay transparencia, ¿debemos los chilenos desde nuestros impuestos seguir financiando a esos partidos políticos? Nosotros creemos que no, y que no debiese haber ningún aporte público a partidos que no cumplen estas obligaciones, deben ser fiscalizados y sancionados. Se señala hoy que la corrupción es el tercer problema que el Gobierno debiera dedicarse, además el votante tiene que reaccionar. Yo no votaría por algo que no conozco, y yo creo que cualquiera no votaría por algo que no conoce”, detalló.

Al respecto, el director de incidencia del centro de estudios Espacio Público, Manuel Arís, indicó que la mayoría de los partidos aún no asume su responsabilidad como corporaciones de derecho público y emplazó al Servel a que tome su rol fiscalizador.

Arís criticó a aquellos conglomerados, especialmente de regiones, que ni siquiera tienen una página web informativa.

“La exigencia actual a los conglomerados hace más difícil que existan este tipo de partidos fantasmas, porque deben responder a una serie de estándares mucho más altos. Los partidos están sujetos a financiamiento público, por lo tanto, deben cumplir normas lo que hace menos probable que existan organizaciones fachadas para poder conseguir recursos. La institución fiscalizadora en este caso el Servel, debe tener un rol más activo y severo, para poder sancionar a los partidos que no están cumpliendo de acuerdo a lo que establece la ley”, subrayó.

En términos generales, el índice de transparencia de partidos políticos 2017, indica que Renovación Nacional, el Partido Socialista, Revolución Democrática y el Partido Progresista alcanzan un puntaje promedio de 6,4. Si bien mantiene una nota 4, la UDI es la colectividad que más cae en su evaluación al analizar sólo las exigencias legales en comparación al estudio anterior realizado en 2016.

Mientras que al igual que el año pasado, los partidos Radical y Comunista siguen con promedio inferior a 2,5.

También suma otro dato relevante en medio de un año de elecciones y candidaturas. Además de  las obligaciones legales, el informe incorpora otros 13 indicadores que reflejan “buenas prácticas”. Por ejemplo, la presencia de un código de ética y procedimientos para postular a cargos de elección popular, entre otros.

La conclusión es reveladora: al promediarlos junto a las disposiciones de la ley 20.915, los partidos bajan aún más su evaluación, llegando a un 2,39.