Suman y siguen las reacciones en torno a la entrevista otorgada por Ricardo Palma Salamanca a The Clinic, en la que  el ex frentista repasó momentos de sus años en la clandestinidad y se refirió a la nueva vida que lleva en París luego del fallido proceso de extradición hacia nuestro país.

En esta ocasión, fue el Ministro de Justicia y DD.HH, Hernán Larraín, quien se refirió a las declaraciones de Salamanca, al que acusó de “eludir” su responsabilidad en el asesinato de Jaime Guzmán en 1991, entre otros crímenes.

“A mí en esta materia siempre me sorprende como eluden asumir responsabilidades por los crímenes de los cuales fueron autores y están condenados. Esa es la gran deuda que tiene el señor Palma Salamanca respecto de los varios crímenes por los cuales ha sido condenado en Chile y de los cuales no hace referencia alguna”.

Luego del atentado al líder gremialista, Palma Salamanca se mantuvo en la clandestinidad por un año hasta que fue capturado en 1992, momento en que confesó su participación en el secuestro de Edwards, el crimen de Guzmán y los asesinatos del coronel Luis Fontaine Manríquez y el cabo Víctor Valenzuela Montecinos, por los que fue condenado a 30 años de prisión y dos cadenas perpetuas. No obstante, todo esto quedaría en 1996, cuando se dio a la fuga mediante un canasto lanzado desde un helicóptero junto a otros reos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. La hazaña pasó a la historia como “La Fuga del Siglo”.

“No me da la impresión que el manifieste ningún tipo de arrepentimiento, más bien sus juicios son de carácter político. Uno se debiera preguntar si alguien que ha sido responsable de esos crímenes pueda actuar por la vida de forma tan impune”, señaló el ministro, quien, en los primeros años del gremialismo fue cercano a Jaime Guzmán.

La relación de Larraín con el fallecido senador se habría fortalecido al interior de Colonia Dignidad, lugar en que Guzmán instruyó a varios políticos emergentes de su sector.

Palma Salamanca, en la actualidad, se encuentra radicado en Francia, país que durante 2018 le negó al Estado chileno la posibilidad de extraditarlo para ser procesado por los crímenes cometidos en la etapa de transición a la democracia.