Luego del sorteo realizado este martes, los cinco parlamentarios eligieron durante esa misma jornada al presidente de la comisión, cargo que quedó designado por votación en el diputado UDI Celso Morales. Así, de inmediato, este miércoles el grupo parlamentario realizó su primera reunión para recibir invitados.

En la ocasión se escuchó al abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Víctor Manuel Avilés, quien fue invitado por el oficialismo. En su exposición, el profesional del Derecho se refirió, entre otras cosas, a la especial atención que se debe poner en la trascendencia y gravedad de una acusación constitucional.

“No estamos hablando simplemente de un juicio político donde la ministra se va para la casa porque no goza de la confianza del Parlamento sin mayor causal, estamos hablando de un juicio jurídico sobre causales específicas que, básicamente, tienen que ver con la infracción de la ley y de la Constitución, donde la ministra además de ser destituida del cargo, queda privada de ciertos derechos constitucionales por un periodo de 5 años. Es un tema grave”, dijo.

Agregó que “lo que ocurra con la ministra de Estado afecta al Gobierno quien se ve privado de uno de su colaboradores y también, y esto es importante, se establece un antecedente, un precedente”.

Además, el abogado de la Universidad de Chile se refirió a la acusación de que la ministra habría incumplido la ejecución de las leyes, lo que aseguró no sería correcto.

Créditos: Twitter Diputados PS.

“Solo se comete la infracción de dejar sin ejecución las leyes cuando se puede llegar a establecer en propiedad que el ministro ha decidido desconocer la existencia de una ley por la vía de no darle ejecución, sin llegar al extremo de incumplirla, simplemente la desconoce. Eso es lo que debe resolverse en consecuencia cuando en esta acusación constitucional en dos o tres capítulos de ellas se habla de la ejecución de las leyes”, indicó.

“La pregunta es ¿la ministra ha guardado una ley para no darle cumplimiento? para por esa vía afectar el bien jurídico, que es la separación de los poderes, dejando sin ejecución la voluntad soberana expresada por el legislador del Congreso Nacional,  y la respuesta creo que es no, aunque hay que ver los antecedentes uno a uno”, complementó el abogado.

Por otra parte, respecto del acceso a datos personales y su utilización para la difusión de Admisión Justa luego de que se enviaran mails a quienes se habían registrado en el Sistema de Admisión Escolar, el abogado también lo desestimó, pues dijo que hay una ambigüedad respecto de si un correo electrónico es o no un dato personal, y de quién decidió y ejecutó el envío de la información.

En tanto, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, criticó que el abogado distinguiera la sanción posible tras la acusación como grave, ya que aseguró no es a quien le cabe hacer ese juicio.

“En este caso la Constitución no ocupa ese estándar y, en mi opinión, debiese aplicar el aforismo jurídico donde la ley no distingue, no le cabe al interprete hacer una distinción”.

Por su parte, el RN Hugo Rey, miembro también de este grupo parlamentario, valoró la presentación del abogado Avilés.

“El profesor de derecho constitucional ha sido bastante categórico y nos ha ilustrado respecto del alcance de esta acusación constitucional, justamente al señalar que este tiene muchas debilidades en su presentación, en su formulación, en el fondo de ella”.

Durante los próximos días, la comisión continuará escuchando a otros invitados, tanto del oficialismo como de la oposición, con el objetivo de juzgar si la acusación procede o no. Además, durante esta jornada, la ministra de Educación Marcela Cubillos confirmó que su defensor será Francisco Cox, abogado de la Universidad Diego Portales, master en Columbia y experto en Derechos Humanos.