Al aumento de 12 a 42 casos confirmados de Covid-19 en apenas dos días en Uruguay, se agregan hoy preocupaciones por la realización de fiestas clandestinas masivas en distintos puntos del país.

Un serio brote registrado en el departamento Treinta y Tres, todavía sin apagarse, llevó ayer hasta allí al presidente Luis Lacalle Pou y después de reunirse con el Comité local de Emergencia, anunció un conjunto de medidas tendientes a contener la propagación de la enfermedad.

El mandatario dejó el mensaje de que “nos relajamos un poco y retrocedimos algunas casillas“, cuando el gobierno dio cauce gradual a la reanudación de actividades hacia la nueva normalidad.

Sucesivamente volvieron constructores a obras, empleados estatales a oficinas de servicios públicos, aulas presenciales, centros comerciales, establecimientos gastronómicos y espectáculos artísticos de pequeños formatos, sujetos a estrictos protocolos sanitarios.

Pero el fin de semana las intendencias de los departamentos de Maldonado y Salto verificaron la existencia de reuniones, eventos y fiestas multitudinarias sin que estuvieran todavía habilitados.

Un decreto vigente indica que las autoridades nacionales, departamentales y municipales son competentes para evaluar la suspensión de los eventos ‘que impliquen aglomeración de personas’ ya que ‘constituye un factor de riesgo para el contagio de la enfermedad’.

La Fiscalía de la República convocó a organizadores de un festejo celebrado a 10 kilómetros de la ciudad Salto, al que concurrieron entre 200 y 600 personas, según distintas versiones de medios periodísticos.

El ministro del Interior Jorge Larrañaga anunció que instruyó a las jefaturas de Policía de todo el país a extremar los controles sobre posible preparativo de fiestas y bailes que violan las disposiciones sanitarias vigentes y la imposición de multas y cierres de locales.