Luego que una publicación de Ciper revelara un posible nuevo conflicto de interés que vincula a la familia del presidente Sebastián Piñera con la adquisición de una inversión minera, parlamentarios coincidieron en que este antecedente podría ser sopesado por el Congreso, en medio de la discusión de la acusación constitucional contra el mandatario.

En concreto, la investigación apunta al proceso de compra del Proyecto Imán, que contempla 14 concesiones mineras de hierro y escandio ubicadas a 10 kilómetros del sur de Vallenar y que fue vendido a un fondo de inversión por $13 millones de dólares.

Según señala la denuncia, en ese fondo de inversión la familia Piñera Morel participaba a través del FIP Mediterráneo, donde tenían como socios a la familia de Carlos Délano. Todo esto, entre 2010 y 2012, mismo período en que se selló la polémica compraventa de Minera Dominga, cuyo caso salió a la luz en el marco de los Pandora Papers.

El problema en torno al Proyecto Imán radica en que el proceso de compra coincidió con el nombramiento del vendedor, Arnaldo del Campo Arias, como representante del presidente Piñera en el directorio de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI).

Sin embargo, el Ejecutivo y Nicolás Noguera, máximo ejecutivo de los negocios de la familia del mandatario y quien participó en la negociación de Imán, desestimaron que la relación implicara un conflicto de interés.

Al respecto, el senador del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros dijo “quiero manifestar mi mayúscula sorpresa porque se siguen investigando hechos que involucran al presidente de la República. Hechos que son ética y políticamente intolerables” y añadió que un mandatario “no puede estar en las portadas de la mayoría de los diarios a nivel internacional, causándole una terrible imagen a la probidad chilena. Creo que ha abusado demasiado de sus prerrogativas y creo que le ha hecho un daño tremendo al país”.

Asimismo, el parlamentario aseguró que este nuevo antecedente podría pesar en la tramitación de la acusación constitucional en el Congreso, señalando que en el caso de la Cámara Alta “como en todo orden de cosas, no tengo ninguna duda que algunos (senadores) lo van a sopesar”.

El diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, comentó que si bien esta nueva información se va a tener a la vista cuando se discuta la acusación, no formará parte de los dos fundamentos en los que se basa el libelo.

Además, se mostró a favor de avanzar hacia una comisión investigadora para indagar si efectivamente el presidente usó para su propio interés los cargos directivos para favorecer económicamente a quienes hicieran negocios con él.

“Poco a poco, todo el mundo se va convenciendo de que la figura del presidente es de aquel que no tiene límites al momento de hacer negocios particulares, aunque sea en desmedro del Estado. Eso es muy relevante en el instante de la valoración que nosotros hacemos de la acusación constitucional porque, como esta es una acusación que tiene mucha característica de político, son muy importantes los antecedentes del presidente Piñera”, sostuvo el parlamentario de la falange.

Recordemos que el libelo, que consta de 99 páginas, consta de dos capítulos, el primero tiene que ver con la vulneración del principio de probidad y el derecho de vivir en un medio libre de contaminación y el segundo por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”.

En ChileVamos, el senador de la UDI, José Durana, evitó ahondar en la controversia y se refirió a la investigación de oficio que está realizando la Fiscalía contra el mandatario, para determinar eventuales delitos de cohecho, soborno y tributarios, en el marco de los Pandora Papers.

“El Ministerio Público está actuando de oficio y, por lo tanto, desde el punto de vista de la vía legal y judicial se están poniendo todos los antecedentes para llevar adelante el caso. Pero también estamos ante una acusación constitucional que es evidentemente político y, como tenemos las dos aristas, en la judicial que las instituciones funcionen; en la política, me prefiero inhabilitar porque tengo claro que hay un tema vigente que pretende generar réditos electorales y como soy juez prefiero no responder a ello”, expresó.

En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, manifestó “la gente ya está choreada y yo ya estoy aburrido de todos los días estarme enterando por un medio de comunicación de nuevos conflictos de intereses ¡Hasta cuándo vamos a seguir viendo cómo se mezcla la política con los negocios! Y en esto me refiero a todos los sectores políticos, tanto de izquierda como de derecha”.

“Esto no es culpa del mensajero, no es culpa de los medios de comunicación, es culpa de quienes han confundido la labor pública, de quienes han mezclado los negocios con la política y finalmente terminan enlodando una función tan loable y tan bonita que sería la oportunidad de cambiar y arreglar Chile”, aseveró el legislador.