A las diez de la mañana inició la sesión del pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados que tenía por objeto, entre otros puntos en tabla, votar el texto final de la reforma al Código de Aguas. Una materia que se zanjó la semana pasada en la Comisión Mixta y que se definió en el hemiciclo de los y las diputados con una contundente aprobación, alcanzándose 129 afirmativas, versus 2 votos en contra y 2 abstenciones.

Con la visa de la Cámara Baja el proyecto fue enviado al Senado donde será revisado este miércoles. De ratificarse esta aprobación, la reforma pasará a ser ley tras más de una década de tramitación en el Congreso Nacional. Si bien el proyecto radica en un avance según valoraron al interior de la corporación, más de una observación surgió respecto a la necesidad de una reforma estructural en la gestión del agua.

¿Qué cambia con la reforma?

Dieciocho artículos fueron revisados en la instancia integrada por senadores y diputados, donde se estableció que los nuevos derechos de aprovechamiento de agua ya no serán indefinidos, sino que temporales hasta 30 años, mientras que los derechos existentes continuarán vigentes, debiendo caducar por su no uso o no inscripción en el período que se abre, quedando sujetos a las nuevas normas de ley.

Por otro lado se amplía la protección de las aguas en cualquiera de sus estados, prohibiendo construir derechos sobre glaciares, se penaliza la especulación y el acaparamiento de los derechos de agua, aumentando el valor de las patentes e incluso caducando los derechos de no uso.

Comisión Mixta.

Asimismo, se declara el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable debiendo ser cautelado por el Estado. Se mejora el sistema de registro de agua quedando en el Conservador de Bienes Raíces y en el sitio de la Dirección General de Aguas (DGA). Esta entidad estará a cargo de un sistema de investigación y monitoreo permanente de cuencas y la creación de un plan estratégico de recursos hídricos con el fin de propiciar la seguridad hídrica del país.

Por otro lado, se prohíbe la construcción de sistemas de drenaje en las zonas de turberas incluidas “por el Ministerio de Medio Ambiente en el inventario Nacional de Humedales” en las regiones de Aysén, de Magallanes y Antártica Chilena, agregándose la provincia de Chiloé y correspondiendo a la DGA delimitar “el área en la cual se entenderán prohibidos los sistemas de drenaje”.

La excepción a esta restricción será excepcional, “y en la medida que cuenten con una resolución de calificación ambiental”, pudiendo “desarrollarse proyectos públicos y privados de conectividad vial en fajas acotadas, con el trazado menos invasivo para dichas zonas y con obras que permitan un flujo de las aguas que asegure la mantención de dichos sistemas ecológicos”.

Intervenciones en la Cámara Baja

En el hemiciclo el ministro de Obras Publicas, Alfredo Moreno, aseguró que esta reforma es un salto enorme hacia adelante en el manejo del agua y de la crisis hídrica. En ese sentido, consideró que ha hecho falta tener un código moderno que dé más atribuciones a la autoridad para proteger el consumo humano, los ecosistemas, la sustentabilidad del recurso y que mejore la gestión, todos elementos que se cumplen en la propuesta del nuevo cuerpo normativo, aseguró. 

“Entrega adicionalmente frente al cambio climático que estamos enfrentando la obligación de tener planes estratégicos de cuencas de manera tal que podamos enfrentar el cambio climático en el mediano y largo plazo con las obras y con las estrategias correspondientes en cada una de ellas”, acotó el secretario de Estado.

De ese modo, “tenemos la posibilidad de tener un Código de Aguas creado y aprobado por todos (…) Es justo, equitativo y nos permite sumar esfuerzos para lo que verdaderamente importa que es trabajar juntos para un desafío enorme que tenemos, porque la crisis hídrica nunca ha sido en nuestro país tan crítica como la que tenemos hoy día“, aseveró.

Previo a la votación de la reforma, el diputado Gabriel Ascencio (DC) señaló que si bien el proyecto da la posibilidad de tener un Código de Aguas distinto y moderno, no soluciona todos los problemas. Esto en cuando el agua es un tema “extraordinariamente pendiente” y relevante -mencionó- sobre el cual la Convención Constitucional asumirá un rol sustantivo. Así las cosas, el legislador llamó a votar a favor de la reforma, rescatando la indicación aprobada que protege las turberas, lo que en Chiloé vendrá a salvaguardar 15 humedales, indicó.

No obstante el legislador consideró que hay temas pendientes que el proyecto no se hace cargo: “Se le están entregando nuevos deberes de fiscalización a la Dirección General de Aguas pero la institucionalidad actual no da abasto en recursos humanos ni presupuestarios para tan importante deber que tiene que cumplir”, observó. 

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social, coincidió en que la medida es un avance, sin embargo, aseguró que el problema estructural que hay en Chile “producto del saqueo del agua”, no se soluciona mediante la reforma al Código de Aguas.

“Tenemos un problema estructural que tiene que ver con la distribución también del agua en ciertos actores que hoy concentran el poder, el factor de poner sobre los territorios y las comunidades sus intereses económicos y eso no se va a solucionar mediante este Código de Aguas y eso es un gran dolor que tiene hoy el mundo rural y la agricultura familiar campesina y los sistemas de agua potable rural”, lamentó.

Diego Ibáñez.

A través de Twitter, el frenteamplista declaró respecto a la reforma que “no tenemos mayoría para el manejo integrado y democrático de las cuencas o para someter los actuales derechos perpetuos a todas las nuevas reglas. La Convención Constitucional es la única esperanza”, añadió. 

Quien fue bastante critico con el proyecto que se votaba en la Cámara Baja fue el diputado socialista, Marcelo Schilling, quien votó en contra de la reforma, al igual que el diputado Esteban Velásquez (FRVS). A juicio del legislador, el proyecto mantiene las mismas normas vigentes para los derechos adquiridos “que son precisamente aquellos que han generado males como la especulación y la conversión de un bien nacional de uso público en propiedad privada que se transa en el mercado”, señaló.

“La pregunta que hay que hacer es si esta regulación a futuro sirve de algo porque la pregunta es ¿Existe el futuro en esta materia?¿Qué es lo que hay para repartir? Derechos de agua disponibles ¿Cuánto queda? O sea estamos legislando casi sobre la nada. Lo único positivo que tiene este proyecto es el fortalecimiento de las facultades de la Dirección General de Aguas para regular el uso de la misma sobre todo en tiempos de crisis pero reitero, en materia de agua, el futuro no existe, el calentamiento global del que tanto se habla, la crisis climática de la que tanto se habla ya están aquí, desde hace rato, no es algo que va a pasar mañana”, aseveró.

Reserva de constitucionalidad

Entre algunas reacciones fuera del Congreso, la directora de la Fundación Ecosur y experta en ecología política, Pamela Poo, advirtió que algunos artículos deberán ir al Tribunal Constitucional debido a que diputados y diputadas de derecha esgrimieron reservas de constitucionalidad. Si se supera ese trámite, la reforma estaría en condiciones de ser promulgada y publicada en el Diario Oficial, indicó.

Aquilatando la reforma, la politóloga sostuvo que esta “será una excelente herramienta para que el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, pueda implementar medidas para la concreción del derecho humano al agua y mejorar la gestión de esta en torno a los ecosistemas”.

7. Fin hilo. La reforma será una excelente herramienta para que el gobierno del presidente electo @gabrielboric pueda implementar medidas para la concreción del derecho humano al agua y mejorar la gestión de esta en torno a los ecosistemas. Incluso quizás le toca promulgarla 🤓🥰

— Pamela Poo🌱 (@pamela_poo) January 11, 2022