“Asumo la responsabilidad de ello”, afirmó este jueves el presidente Gabriel Boric respecto a la decisión del Gobierno de ampliar una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra del cabecilla de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul. En mayo, el mandatario había descartado la presentación de querella por parte del Ejecutivo contra el dirigente mapuche, luego que éste llamara a una resistencia armada contra el Estado. “No perseguimos ideas”, había zanjado Boric al respecto.

Pero frente a las recientes declaraciones del timonel de la CAM, el jefe de Estado determinó algo diferente. “Héctor Llaitul ha tenido muchos dichos y los de ahora último son particularmente graves porque se atribuye la autoría de delitos. Y, por lo tanto, analizando aquello, nos pareció que era pertinente ampliar la querella que ya había sido presentada porque hay, justamente, nuevos antecedentes”, aclaró.

Respecto al cambio de opinión, el mandatario señaló que “el Gobierno tiene el deber de estar siempre evaluando sus decisiones, y la decisión final me toca tomarla a mí”. “Yo, ante los antecedentes que se nos pusieron sobre la mesa, ante la gravedad de las declaraciones de auto atribuirse delitos ya concretados, tomé la decisión de que era importante ampliar la querella”, asumió.

“Es bueno que un gobierno sea capaz de revisar sus propias decisiones”, agregó, aduciendo que “gobiernos obstinados en donde actúan solos así y tratan de estar de acuerdo consigo mismo, la verdad es que no traen las mejores soluciones”. 

Si bien la acción -que según indicó este jueves la ministra de Interior, Izkia Siches, consiste en la ampliación de “una querella establecida el año 2018 por Ley de Seguridad del Estado, artículo sexto, letra C -estuvo precedida por múltiples emplazamientos, no sólo de la oposición, sino que del fiscal nacional, Jorge Abott y de la vocera de la Corte Suprema, Angela Vivanco, hay quienes extienden su preocupación respecto al rumbo que está adoptando el Ejecutivo. Entre ellos, el escritor y periodista mapuche, Pedro Cayuqueo, quien en conversación con nuestro medio, destacó que la lógica de la represión contra líderes del pueblo mapuche es una fórmula que ha demostrado su fracaso hace bastante tiempo.  

“No es la primera vez que un Gobierno se querella contra Héctor Llaitul, él es un líder mapuche que de principios del 90 viene adquiriendo cada vez mayor protagonismo y también influencia en el pueblo mapuche, particularmente en el activismo juvenil y ha sido objeto de numerosas investigaciones, muchas de ellas que han terminado sin mayores resultados porque efectivamente hay una dificultad tremenda para poder demostrar en tribunales, mediante evidencia, de que él esté o no involucrado en la comisión de delitos graves”, señaló.

Por tanto, consideró que el Ejecutivo está insistiendo en una lógica esteril, transgrediendo su compromiso de campaña. “Ellos asumieron el Gobierno e hicieron campaña electoral prometiendo un abordaje diferente a lo que sucede en el Wallmapu o la mal llamada Macrozona Sur”, recordó.

“Eso diferente que se prometió en campaña fue el abordaje político distinto del conflicto y el abordaje político trata de establecer o sentar las bases de un posible diálogo o de una posible diplomacia de Estado para acercarse al mundo indigena radical con el cual se tiene que conversar en algún minuto“, afirmó.

Asimismo, planteó que la persecución contra dirigentes mapuches proviene de “un Estado colonial” que “pone en cuestión todo su andamiaje de opresión que sufre el pueblo mapuche en particular y también otros pueblos indígenas”. De ahí es que el escritor comprende el rol que han jugado figuras como el Fiscal Nacional y la vocera de la Corte Suprema en la ampliación de la querella contra Llaitul. “Ese andamiaje colonial incluye por supuesto al Poder Judicial”, sostuvo.

“El Poder Judicial no es un actor imparcial en este largo conflicto que llevamos arrastrando entre el Estado chileno y los pueblos indígenas, particularmente nosotros los mapuches, fue un actor muy relevante durante gran parte del siglo XX en lo que fue por ejemplo dotar de legitimidad legal despojo territorial que sucedió con las comunidades en la zona sur, por tanto el Poder Judicial es un actor que tiene también un prontuario para el pueblo mapuche que debiera ser puesto sobre la mesa en discusión”. 

Por lo demás, el periodista apuntó a que el conflicto con el Estado no ha tenido reparación, independientemente de la política de compra de tierras. “No es la solución estructural a la situación de colonialismo interno que sufre el pueblo mapuche y que ya hace bastante tiempo lo vienen advirtiendo no sólo líderes indígenas, sino que organismos internacionales, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también otras democracias más consolidadas que la chilena”, indicó.

“Hay que entender que este tipo de conflictos no son exclusivos de Chile, hay una larga experiencia comparada a nivel mundial de conflictos de este tipo e incluso algunos que tuvieron niveles de violencia muchísimo más graves que los que está aconteciendo en al zona sur, conflictos que derivaron en insurgencias armadas, en guerrillas, en largos período de guerras internas. Estoy pensando en Guatemala, en El Salvador, en Colombia (…) entonces hay una experiencia comparada muy rica en soluciones políticas a este tipo de controversia y ahí es donde siento que está el déficit y la no comprensión del Estado chileno, tanto de quienes han estado en el Ejecutivo como también las autoridades de la Corte Suprema, de los Tribunales de Justicia que son parte de este andamiaje colonial”, señaló.

Abordando las actuaciones de la Coordinadora Arauco-Malleco, Cayuqueo descartó que la CAM haya radicalizado sus acciones en este período, aduciendo que la organización “ha mantenido una práctica de violencia política que ellos reivindican bastante estable en el tiempo”. “Y esa dinámica, para quienes hemos estudiado el conflicto y hemos escrito sobre él, es una dinámica bastante lógica en función al diagnóstico que ellos hacen sobre la situación del pueblo mapuche y del diagnóstico que hacen de las contrapartes, que  en este caso, son los gobiernos de turno”, afirmó.

Ellos “han sido sordos, ciegos y mudos respecto a la reivindicaciones que plantean este tipo de organizaciones” y añadió, que “sí, desafían el Estado de derecho, pero desafían a un Estado de derecho que es eminentemente colonial porque las demandas de los grupos más radicales mapuches, asociados a territorios, asociados a autonomía, asociados al fin de la industria extractivista forestal en la zona sur, son demandas atendibles por cualquier gobierno democráticamente decente que quisiera dar una salida política a este tema”. 

“Eso ha faltado como contraparte desde el Estado chileno, ha faltado gobiernos, autoridades, que no estén pensando en la foto de El Mercurio del día siguiente sino en las próximas generaciones, porque aquí se está heredando a mapuches y chilenos una situación de conflictividad étnica que no la desea nadie“, aseveró.

Ahora bien, Cayuqueo reconoció que el gobierno de Gabriel Boric está capturado por la coyuntura, que incluye una etapa pre electoral al plebiscito constituyente, pero en ello consideró que el Ejecutivo ha ido cayendo también en “este juego maquiavélico que hay en la política actual, polarizada por el 4 de septiembre, en donde todos los discursos se exacerban y todos los discursos adquieren una grandilocuencia que a mi me parece a veces bastante desafortunada”. 

“Quizás no es la CAM la que se ha radicalizado, quizás el discurso público y la polarización de los actores políticos es la que se ha radicalizado, porque estamos llegando a niveles de debate público que son ridículos y absurdos”, cuestionó en ese sentido.

Consultado por las esquirlas que dejaría una presunta captura de Llaitul tras la acción del Gobierno, Cayuqueo afirmó que el líder de la CAM así como otros dirigentes mapuches, están preparados para enfrentar la privación de libertad  e incluso, “de dar la vida si fuera necesario por aquello que defienden y por lo que no van a transar con cualquier gobierno que olvide a poco andar sus promesas electorales”. 

“Producto de la huelga de hambre de los presos de la CAM, la más dramática que ha vivido Chile, de más de cien días- comentó-, se reformó el Código de Justicia militar y a partir de entonces ningún civil en Chile puede ser juzgado por Tribunales Militares. Ese paso gigante que se dio, ese un paso democratizador de la vida social chilena fue producto de la huelga de hambre de Héctor Llaitul y otros dirigentes de la CAM en aquel tiempo, entonces me parece que la cárcel no es una amenaza que pueda preocupar al líder de la CAM”, destacó.

A raíz de una nueva prórroga del estado de excepción a votarse este viernes en el Congreso Nacional, el periodista consideró decepcionante que el Ejecutivo esté incurriendo sistemáticamente en esta herramienta. “El Gobierno se está acercando tristemente al récord del ex Presidente Piñera que más de una decena de veces prorrogó el estado de excepción en su segundo mandato, sería bastante triste para todos quienes apoyamos este Presidente, que este Gobierno batiera este récord”, señaló.

Si bien comprendió que el Gobierno esté eludiendo oxigenar las críticas de la oposición previo al plebiscito de septiembre, consideró una falta de respeto que la larga causa mapuche siempre esté condicionada a la coyuntura política nacional o metropolitana. “Eso ha sido una constante en los últimos 30 años, siempre cuando se ha requerido que se avance en el caso de los derechos y reivindicaciones del pueblo mapuche, siempre hemos quedado mirando en vitrina porque otras coyunturas nacionales impiden que se den esos avances”.

“Yo entiendo la lógica del poder y entiendo que el Gobierno tiene por delante un plebiscito que es trascendental pero de esa misma forma, entiendo que posterior al 5 de septiembre gana el rechazo o gane el apruebo, el Gobierno va a tener que mostrar sus cartas y va a tener que decirnos de una vez por todas qué es lo que está dispuesto a hacer en el conflicto de la zona sur porque hasta ahora no hemos tenido ningún plan, ninguna acción de audacia política o novedosa, sino que hemos tenido una política calcada de lo que fue las políticas de seguridad de la administración Piñera”.