Cuando faltan pocas horas para conocer el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre los indultos otorgados al exmilitante del FPMR Jorge Mateluna y a seis condenados por delitos en el marco del estallido social, el abogado y académico de derecho constitucional de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla, afirmó que el “error no forzado” del Gobierno fue no haber entregado una fundamentación lo suficientemente sólida sobre los indultos presidenciales, lo que dio pie al “oportunismo político de la oposición para poder explotar esto”.

En esa linea, afirmó que la resolución es de “pronóstico reservado y cualquier cosa puede pasar”. El fallo se conocerá este martes a partir de las 09:30 horas y la oposición ya amenazó con acusar constitucionalmente al Presidente Gabriel Boric, si el TC declara inconstitucionales los decretos.

La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) no llegó a ningún acuerdo sobre los requerimientos presentados por la oposición y resolvió dictar nuevas medidas para avanzar en el proceso.

“Claramente hay un argumento político (de la oposición), pero también hay que entender que el TC es un tribunal de derecho, por lo tanto, más allá de las puestas en escena que puedan hacer los políticos de un lado y otro, ellos van a fallar conforme a derecho”, indicó el abogado.

Bobadilla indicó que al TC lo que le importa revisar es si de acuerdo a las normas preexistentes al momento de indultar, está bien o no bien fundamentado. “Creo que el TC tiene la pluralidad necesaria para abordar esto”, precisó.

El académico agregó que el principal problema que tiene la Presidencia de la República, son las declaraciones públicas contradictorias de los distintos personeros de Gobierno, que no han tenido correlación con lo que ha ocurrido y es eso lo que “abrió el espacio para que un conjunto de senadores de oposición haya presentado este requerimiento de inconstitucionalidad en contra de los decretos, porque esta serie de declaraciones y contradicciones que se han dado, dieron pie para sostener los argumentos de la derecha”.

Bobadilla afirmó que, si bien el indulto es de facultad exclusiva del Presidente de la República, “el ejercicio de esta atribución está sujeto a la ley. Y la Ley 8.050, que la rige, establece parámetros, requisitos, reglas para poder conceder estos indultos particulares”.

El académico afirmó que en algunos casos, la situación concreta de algunos indultados no habría permitido extender estos indultos, pero “la misma ley otorga una alternativa al Presidente para poder eximirse del deber de estos requisitos en aquellos casos en que se considere que circunstancias especiales o extraordinarias puedan permitirlos, es decir casos calificados y fundados”.

El experto agregó que esto significa que deben existir “antecedentes de hecho que permitan sostener la decisión” y que “la Constitución otorga esa facultad al Presidente de la República, pero siempre sujeta a lo que la ley señala y las declaraciones muchas veces contradictorias, da la sensación que no estuvo muy claro el fundamento de esto, más aún cuando surgen las dudas si el equipo estuvo al tanto de los informes de Gendarmería”.

Por ello, el académico afirmó que lo que hizo el TC “al declarar admisibles los recursos fue simplemente tener la posibilidad de tener esta discusión, de conocer todos los antecedentes antes de tomar una decisión informada. En ningún caso, el que el TC haya declarado admisible implica que se haya comprometido con declararlo inconstitucional o no. Es una buena decisión del TC para poder dar la oportunidad a todas las partes involucradas para que pongan todos los antecedentes para poder tomar una decisión. Creo que esto es de pronóstico reservado y cualquier cosa puede pasar, no veo una solución clara”.

El jurista precisó además que no se trata de cuestionar la atribución que tiene el Presidente. “El TC no tiene herramientas para poner en duda una norma Constitucional expresa. Aquí lo que se cuestiona es el ejercicio práctico de la atribución. Lo que acá eventualmente podría decretar el TC es la inconstitucional del decreto por no cumplir con requisitos establecidos previamente tanto por la Constitución, como por la ley respectiva”.

Finalmente, el académico indicó que el TC ha sido capaz de adoptar decisiones difíciles más allá de las presiones políticas. “La institucionalidad está preparada para estudiar esto, de forma desapasionada y absolutamente técnica”, puntualizó.