Chile tiene un déficit en materia de vivienda que se calcula en alrededor de 600.000 a 700.000 unidades, por ello el arriendo se ha asomado como una política relevante. En los últimos años estos han sufrido un aumento de hasta un 40% en algunos sectores, lo que impacta no solo en el precio pago, sino en los requisitos de las personas para acceder a uno.

Si se pretende que el precio del arriendo no sea más que un 25% del sueldo, las posibilidades de acceder a él se vuelven cada vez más escasas. Si a esto se suman los requisitos de pagos adelantados, el universo de posibles arrendadores se limita cada vez más.

Si bien el arriendo representa una parte minoritaria de los subsidios, cumple un rol fundamental en el acceso a vivienda de adultos mayores. En este segmento se subsidia el 95% del valor, con un tope de UF 13 mensuales, lo que lo hace una política atractiva para este segmento.

Pero si no se protege el arriendo comienzan a surgir otras formas muy precarizadas de acceso a la vivienda, como por ejemplo el subarriendo que llevan en muchos casos a condiciones de hacinamiento o el arrendamiento en viviendas de material ligero para el segmento migrantes.

También hemos visto que una de las principales causas para llegar a vivir a un campamento es no poder pagar el arriendo. Es por ello que se hace fundamental resguardar este mercado, tanto desde el punto de vista del arrendatario, como también del arrendador.

Sin duda esta flexibilización de requisitos es un apoyo para el acceso a vivienda formal de las familias y generar condiciones dignas para el acceso a la vivienda.

María Paz Trebilcock
Académica del Departamento de Sociología
Universidad Alberto Hurtado.