“Se va a este Congreso Nacional la Ley Mía para que ningún bebé, ningún niño en nuestro país tenga que morir porque no tiene una cama para ser atendido”, con esas palabras la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, anunció ayer lunes el ingreso de una iniciativa que lleva por título el nombre de la lactante de dos meses que falleció contagiada por virus sincicial en San Antonio mientras esperaba ser trasladada a una cama crítica.
Precisamente en el marco de esta presentación que la parlamentaria de oposición se llenó de duras críticas de parte de distintos actores sociales y políticos, toda vez que Flores se encontraba acompañada en ese momento de los padres de la bebé, razón por la que la acusaron de aprovechamiento político e, incluso, de montar un “show inmundo”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Partido Comunista e integrante de la comisión de Ética y Transparencia de la Cámara, Matías Ramírez, comentó que, si bien hasta el momento no se ha presentado alguna solicitud formal a la instancia por la actuación de la parlamentaria, sostuvo que “el aprovecharse de una situación tan lamentable como la muerte de Mía al presentar un proyecto de ley y hacer con aquello un punto político, raya en el cumplimiento de las normas éticas que rigen a la Corporación”.
Para el legislador este tipo de hechos “es un llamado de atención a cómo también se da la discusión legislativa. Creo que las diferentes posturas son válidas, pero las herramientas que se utilizan para fijar los puntos políticos también tienen que tener ciertos límites y creo que este es uno de los casos”.
En esa línea, afirmó que “siempre en el marco de una situación sanitaria compleja o de cualquier hecho que pueda causar conmoción, creo que los puntos políticos deben hacerse sin necesidad de exacerbar, en este caso, el dolor de las familias y eso creo que si bien no es una cuestión que se ha debatido, sí es necesario hacerlo”.
“La labor parlamentaria requiere de ciertos grados éticos mínimos y, en ese escenario, creo que es un tema que está pendiente, en consideración a lo que en los últimos tiempos se ha ido haciendo aquí en la Cámara, donde cada vez es más recurrente hacer estos puntos políticos, rayando en ciertas normas éticas al momento de tratar la información”, enfatizó Ramírez.
Asimismo, el parlamentario se refirió a las dos acusaciones constitucionales que anunciaron desde la oposición contra los ministros de Educación, Marco Antonio Ávila, y de Salud, Ximena Aguilera. El primero, a causa de la actualización de la “Guía de sexualidad afectiva de la cartera”; y la segunda –posteriormente descartada por el Partido Republicano tras la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos- con motivo de la crisis sanitaria que vive el país, producto del alza de virus respiratorios.
Bajo ese contexto, señaló que la acusación constitucional “lamentablemente en el último período se ha utilizado solamente para generar algún punto político e, inclusive, una tensión en la propia derecha. Hoy por hoy estas dos acusaciones demuestran la disputa que hay al interior de la derecha por quién tiene el discurso más duro contra el Gobierno y creo que la herramienta de acusación constitucional no está para eso, no está para hacer ese show mediático, tratando de disfrazarlo de una medida de fiscalización”.
“Cuando uno ve cuáles son las argumentaciones, en el caso de la ministra de Salud derechamente fue un chantaje, o sea, o renunciaba una persona o presentaban acusación constitucional y no el mérito o los fundamentos que efectivamente debe tener la acusación constitucional. En el caso del ministro Ávila te das cuenta de un capítulo que querían incorporar respecto de una situación que donde no está involucrado el ministerio, particularmente del caso que se vivió en Talcahuano. Entonces, esas situaciones demuestran que las acusaciones constitucionales no están cumpliendo su objetivo”, puntualizó.
Por lo mismo, planteó que esto supone un complejo escenario para la política, destacando que “al final es también un desgaste para la propia Corporación. Las últimas dos acusaciones que se dieron en enero también fueron de manera casi simultánea dejaron en evidencia eso, que al final se pierde tiempo valioso para legislar aquellas materias más importantes para resolver en definitiva puntos políticos que se pueden realizar de otra manera”, expresó el parlamentario en referencia a los libelos contra la ex ministra de Justicia, Antonia Ríos, y el ex titular de la SEGPRES –hoy de Desarrollo Social- Giorgio Jackson, ambos descartados en el Parlamento.
