El fiscal nacional Ángel Valencia decidió no acoger, por el momento, la solicitud presentada por los partidos Renovación Nacional, Republicano y Demócratas, para asumir personalmente la investigación del caso Democracia Viva en Antofagasta.
En la actualidad, los hechos están siendo investigados por la Fiscalía Regional de Antofagasta, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
Hasta el momento, según informó el Ministerio Público, “no se han identificado las circunstancias previstas en el artículo 18 de dicha ley que justifiquen la intervención directa del fiscal nacional en este caso”.
“Por lo tanto, se ha determinado que no se dará lugar a la solicitud formulada en este momento. No obstante, esto no descarta la posibilidad de que se tome una resolución diferente en el futuro, basada en nuevos antecedentes o circunstancias que puedan surgir durante el transcurso de la investigación en curso”, añadió.
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, el fiscal nacional puede asumir, de manera excepcional y de oficio, la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos en casos específicos que se consideren constitutivos de delitos, cuando la posición de las personas involucradas como imputados o víctimas requiera garantizar la independencia y autonomía en dichas labores.
Además, el Ministerio Público enfatizó que con el fin de estandarizar las colaboraciones investigativas entre las diferentes fiscalías regionales, se han creado equipos especiales dentro de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC), sumando el apoyo de la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial (Infipat).
Finalmente, destacó que estos equipos se encargarán de sistematizar la información, colaborar en la tramitación con organismos públicos y privados, y brindar apoyo jurídico en el desarrollo de las investigaciones.
En el caso de Antofagasta, la fiscalía indaga el traspaso de 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda a la Fundación Democracia Viva, mediante convenios suscritos entre octubre y diciembre de 2020.
Los involucrados son el exseremi Carlos Contreras, el representante legal de la fundación, Daniel Andrade, y la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez, pareja de Andrade. Los dos primeros fueron expulsados de Revolución Democrática, mientras que la diputada está “congelada” dentro del partido.
La investigación se inició de oficio, es decir, sin denuncia de por medio, y está a cargo del fiscal jefe de Antofagasta, Christian Aguilar, quien indaga eventuales delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco y malversación de caudales públicos.
