Este lunes se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión investigadora que analiza el traspaso de recursos desde el programa de asentamientos precarios del Minvu a fundaciones. La instancia estuvo marcada por el rechazo al voto de censura en contra de su presidente, José Miguel Castro (RN) y también por la visita del ministro de Vivienda, Carlos Montes.

A la cita además estaban convocados la ministra de Cultura, Carolina Arredondo y los exsecretarios de Estado, Giorgio Jackson, Cristian Monckeberg y Felipe Ward (estos últimos de la administración anterior) quienes, sin embargo, se excusaron de asistir.

Por su parte, el ministro Montes partió solicitando, para el final de la instancia “algunos minutos de sesión secreta, porque tengo información que no puedo entregar públicamente”.

Más allá de eso, el secretario de Estado informó que en el marco de una investigación interna del Minvu, las principales irregularidades detectadas en este caso, son “el conflicto de interés y transgresión del deber de abstención; la contratación de personal con cargo a los recursos transferidos que se desempeñan en la Seremi y/o Serviu para realizar labores de línea de dichos servicios”.

A eso agregó “el posible desvío de recursos de proveedores de fundaciones con fines no contemplados en los convenios; el riesgo de fraccionamiento de los convenios y finalmente, no dar cumplimiento a modelo de rendiciones establecido en la resolución N°30 de la Contraloría General de la República”.

Montes además indicó una serie de faltas administrativas como rendiciones atrasadas, convenios vencidos con actividades pendientes y sin restitución de recursos.

En cuanto a las fundaciones que habrían tenido un actuar irregular, el titular de Vivienda mencionó siete: Democracia Viva en la Región de Antofagasta; Arquiduc en O’Higgins; EnRed en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Ñuble; Urbanismo Social en el Maule; Enlace Urbano en Tarapacá; Acción Digital en Los Lagos; y Red Integral y Comunitaria en O’Higgins.

“No somos ni el Ministerio Público ni la policía”

Finalizada la sesión, incluyendo los 40 minutos de comisión secreta en que solo estuvieron presentes el ministro Montes y los diputados integrantes, el titular de Vivienda aseguró a la prensa que “hemos tenido una sesión bastante seria y bastante colaborativa, en el sentido de buscar la raíz de los problemas y tratar de ver alternativas para enfrentar los problemas”.

En cuanto a la información que aún no puede ser revelada a la opinión pública, Montes señaló que se relaciona con fundaciones y personas particulares, que por el momento no son parte de las investigaciones del Ministerio Público.

“Nosotros tenemos un grupo interno de investigación sobre la situación. Acá no somos ni el Ministerio Público ni la policía y por lo tanto la información que nosotros logramos recabar es una información parcial, que no tenemos los mecanismos para chequear”, dijo.

“Quisimos hacerlo así, porque queremos ser serios y no queremos de ninguna manera aparecer vinculando a personas con hechos sin que ellas tengan la posibilidad de decir cuáles son sus argumentos”, añadió.

En esa misma línea, Montes afirmó que “aquí lo que importa no es la noticia, aquí lo que importa es que estamos llegando al origen del problema, a la solución y que se sancione a los que realmente cometieron irregularidades y delitos”, concluyó.