“No es bueno que no se apruebe en democracia una Constitución, pero me parece que lo que está ocurriendo va a decir que el Rechazo es posible y si se aprueba, ¿qué se aprueba? No puede dividirse un país por una mayoría aplastante, lo que llaman la aplanadora, y una pequeña minoría que defiende sus principios. Hay que llegar a acuerdos, eso es lo que se prometió”.

Las declaraciones son del consejero socialista Miguel Littin, que reflejan el escenario que se vive en el Consejo Constitucional que en las últimas horas la ultraderecha ha impuesto su mayoría para aprobar las normas más criticadas, como la que consagra la propiedad de los ahorros previsionales de los trabajadores para las AFP, el aumento de la edad para postular a la Presidencia de la República o el rechazo de la Iniciativa Popular de Norma (IPN) que establecía el deber del Estado de promover la protección de los animales.

Sin embargo, durante la jornada del viernes hubo acuerdo político en la comisión de Función Jurisdiccional para reponer el control preventivo sustantivo del Tribunal Constitucional.

La norma aprobada con votos del oficialismo señala que “conocerá del asunto a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una tercera parte de sus miembros, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después del quinto día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación”.

Agrega que “en caso de acogerse la cuestión, la Corte Constitucional remitirá los antecedentes a la Cámara respectiva con el fin de que subsane el vicio. Si el proyecto ya hubiere sido despachado, se conformará una comisión mixta que propondrá la forma y modo de subsanarlo, conforme al procedimiento del inciso 1 del artículo 85. El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto, pero la parte impugnada del mismo no podrá ser promulgada hasta que el vicio sea subsanado, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesto por el Presidente de la República”.

El consejero socialista Alejandro Köhler, señaló que “suscribimos estas enmiendas, porque eran fruto de un diálogo real sobre su contenido, la actitud del bloque de derecha la valoramos, porque nos demuestra que es posible pensar en Chile en una cuestión tan fundamental como es la redacción de una nueva Constitución. También queremos reiterar que no somos intransigentes, ni somos ni nos arrogamos el derecho a veto como se señaló ayer en algunas conferencias de prensa”.

 Asimismo, y tal como los distintos actores políticos, expertos y analistas habían advertido, la aplanadora republicana se impuso con enmiendas que causaron malestar en el oficialismo.

Así, se aprobó la indicación de la derecha que establece la “libertad de elección” en educación.  “La familia, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés  superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”, señala la norma.

Por otro lado, en el sistema político se aprobó la enmienda que aumenta la edad para ser Presidente o Presidenta del país. Se incrementó de 35 a 40 años y se dejó un artículo transitorio para no afectar al actual Presidente Gabriel Boric que asumió con 36 años.

La comisión de derechos sociales tampoco mantuvo la propuesta de la Comisión Experta en materia de fondos previsionales y acogió la IPN llamada “con mi plata no” impulsada por las AFP y los defensores del sistema. De esta manera, los fondos de ahorro de los trabajadores seguirán siendo de las administradoras y no “podrán ser expropiados”

“Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”, dice en parte la enmienda.

La consejera Karen Araya (PC) expresó que “la derecha en esta propuesta constitucionaliza las AFP, este sistema que abandona a la tercera edad, que da pensiones de miseria y de hambre, se está constitucionalizando pensiones que obligan a personas de tercera edad a buscar verduras entre la basura que dejan las ferias libres. Con esto, modificar este sistema será prácticamente imposible”.

Agregó que “dicen que va a haber propiedad, pero no es para retirar los fondos, leyes como la ley ‘papito corazón’, por ejemplo, quedarán inconstitucionales”.

Otra de las enmiendas de la derecha que fue aprobada está relacionada con el “derecho a la libertad de expresión, información y opinión sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio”.

Según la explicación del consejero republicano, Luis Silva, “la única razón que motiva esa enmienda es asegurarle a la ciudadanía la libertad de expresión frente al llamado negacionismo“.

Precisó que con esta norma buscan “garantizarle constitucionalmente a las personas una protección especial frente a la posibilidad de que el Estado te obligue a decir ciertas cosas o te prohíba decir ciertas cosas”.

En concreto, la enmienda aprobada por la derecha señala que “el Estado no puede privar, restringir, perturbar o amenazar a la libertad de expresión por vía directas o indirectas que impiden la comunicación y la circulación de ideas y opiniones en caso alguno podrá establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales, y tampoco podrá sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios”.

Por otro lado, por unanimidad se aprobó el texto del anteproyecto que establece “el derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación”.

Sobre el  derecho al agua, se respaldó por 9 a favor y 5 en contra, la Unidad de Propósitos presentada por las bancadas de derecha que sustituye la propuesta de la Comisión Experta.

“El derecho al acceso al agua y al saneamiento, de conformidad a la ley. Es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras. Asimismo, es deber del Estado promover la seguridad hídrica, acorde a criterios de sustentabilidad. La legislación, regulación y gestión deberán incorporar todas las funciones de las aguas, priorizando el consumo humano y su uso doméstico de subsistencia”, señala la enmienda.

 Las comisiones continúan su trabajo de revisión y aprobación de enmiendas, antes de ser votadas en el pleno del Consejo Constitucional