En el Juzgado de Garantía de Antofagasta se realizará hoy a mediodía el control de detención y formalización del representante de Democracia Viva, Daniel Andrade Schwarze, y del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras Gutiérrez, detenidos ayer en la capital en el marco de la indagatoria del caso Convenios.
La Fiscalía Regional de Antofagasta los investiga por tráfico de influencias, fraude al fisco, cohecho, negociación incompatible y malversación de caudales públicos, pero los delitos concretos que se les imputarán se conocerán en la misma audiencia. El fiscal regional Juan Castro decidió formalizarlos este jueves y solicitó sus detenciones. Los abogados querellantes de la UDI y de Republicanos anunciaron que pedirán la prisión preventiva para ambos.
Los dos fueron detenidos ayer en la mañana en la capital, Andrade en la casa de su madre en La Florida y Contreras en el aeropuerto de Pudahuel, ya que había viajado a preparar su declaración fijada para el próximo martes. Ambos fueron trasladados al cuartel Borgoño de la PDI, donde permanecieron hasta anoche, antes de su vuelo a Antofagasta.
De acuerdo a los antecedentes del caso, entre octubre y diciembre de 2020, la Seremi de Vivienda de Antofagasta suscribió convenios con Democracia Viva por un total de $426 millones para el trabajo en campamentos. Tras explotar el caso en la prensa, la fiscalía inició una investigación de oficio.
El escándalo dio inicio al denominado caso Convenios, que se extendió a otras fundaciones en todo el país que recibieron recursos fiscales por trabajos no realizados. Sin embargo, el más emblemático de todos es el de Democracia Viva, por los personajes involucrados.
Daniel Andrade es expareja de la diputada Catalina Pérez, mientras que Contreras fue jefe de gabinete de la parlamentaria. Todos eran militantes de Revolución Democrática al momento de suscribir los convenios. El escándalo arrastró a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (también RD), quien aseguró que el ministro Carlos Montes sabía de las irregularidades antes de que aparecieran en la prensa. El ministro negó la acusación, pero está amenazado con acusación constitucional.
