Más de 540 mil deudores dejaron de pagar el Crédito con Aval del Estado (CAE) en 2023, según la Comisión Ingresa, entidad pública autónoma que administra los créditos para la educación superior. Debido a esta morosidad, el estado ha debido pagar US$300 millones para responder como aval.
Según publica hoy El Mercurio, los factores de esta tendencia creciente a la morosidad del CAE desde el 2017 son diversos, e incluyen el deterioro de la economía, promesas presidenciales y la ley de prohibición de informar sobre deudas educacionales aprobada en 2020.
Si en 2017 la mayor cantidad de deudores del CAE egresados de una carrera estaba al día en sus cuentas, en 2023 fue todo al revés: por primera vez, la mayoría arrastraba atrasos graves.
No es un problema privado: el Estado debe responder por esas moras y el año pasado le costó US$300 millones, el equivalente a los fondos que irán para la recuperación tras el megaincendio del Gran Valparaíso. Además, es un 48% superior a lo pagado en 2022 y casi el triple de 2019.
Según la Comisión Ingresa, entre los deudores egresados (375.000) y desertores (164.000) se llega a la cifra récord de 540 mil personas que estudiaron con un CAE y que se encuentran en morosidad.
En un informe, la Dirección de Presupuestos se concentra en la mayor morosidad de los egresados. Menciona dos razones posibles: el primero, “los efectos económicos de la pandemia”.
Pero en segundo término alude a la promulgación de la Ley N° 21.214 de 2020, que en lo pertinente prohíbe informar las deudas contraídas para financiar la educación en cualquier de sus niveles.
En términos prácticos, el registro de los deudores morosos fue borrado del Boletín Comercial, “implicando eliminar la necesidad de regularizar su deuda, e incentivando el no pago de su deuda a quienes mantenían al día los pagos, sabiendo que no habría registro de su morosidad”, según la Dipres.
