Vuelve a reflotar la necesidad de modificar el sistema de nombramientos del Poder Judicial. Esto, a raíz de los presuntos favores realizados por jueces de la Corte Suprema, que involucran a Mario Desbordes, según reveló Ciper recientemente en una reportaje sobre el caso Topógrafo.
Mientras el Ministerio Público ya abrió una investigación de oficio y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella del INDH por presunto tráfico de influencias, parlamentarios, exautoridades e incluso desde el Poder Judicial llamados para avanzar hacia un sistema en el que prime el mérito y la carrera profesional para evitar que se ponga en tela de juicio la imparcialidad.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director de Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales y profesor del Departamento de Derecho Procesal, Cristián Riego, explicó que a lo largo del tiempo se ha desarrollado “una actividad de lobby bastante organizada y que ha hecho derivar este sistema de uno tradicional a uno donde se manejan intereses muy fuertes. Entonces, es una especie de degradación de un sistema tradicional que ya no puede seguir funcionando como tal”.
Como un segundo elemento, el abogado apuntó al fenómeno mundial de la “pérdida de los valores liberales”. En este caso, el de la independencia judicial que, a su juicio, ya no es apreciado en el mundo político ni probablemente en la opinión pública.
“Los políticos, que hasta hace algún tiempo eran más cuidadosos con esto, hoy día ya no tienen ningún cuidado y buscan influir, y entienden que el mundo judicial es parte de la cancha de la lucha política. Esto no es chileno, está ocurriendo en todo el mundo, lo cual ha significado un deterioro de todos los sistemas de designaciones”, señaló.
Consultado por posibles modificaciones, el académido UDP declaró sentirse “escéptico, primero, porque si hay un cambio lo tendría que hacer el sistema político y creo que el sistema político hoy día no tiene ninguna sensibilidad o muy poca sensibilidad con los valores del sistema judicial. Entonces, ellos buscarían cómo cuotearse de manera más grosera los cargos judiciales y probablemente terminaríamos peor de lo que estamos.
Por lo tanto, para el académico es “difícil imaginar un cambio positivo” considerando además los malos resultados que han generado los órganos autónomos en otros países: “Si uno mira toda la experiencia que hay tanto en América Latina como en el sur de Europa, que son los países más parecidos a los nuestros, estos concejos se han transformado en espacios de lucha política y corporativa bastante grosera. Entonces, termina siendo un espacio de negociación”.
Pese a dicha experiencia, Riego sostuvo que se podría modificar el actual sistema “si existiese la voluntad de mejorar la transparencia y disminuir la negociación política o corporativa, porque en Chile existen ambas. Existe la negociación política, pero como pudimos ver en estos casos también existe la negociación corporativa, o sea, jueces que hacen lobby por otros jueces probablemente porque, a su vez, se esperan que esos jueces el día mañana le retribuyan los favores en otras designaciones, sus propias carreras o de otros amigos de ellos”.
Respecto a si dicho cambio brega por quitarle al Senado la potestad de ratificar las designaciones, Riego afirmó que efectivamente “la participación del Senado es muy negativa, sobre todo por la exigencia de una mayoría tan alta, los dos tercios creo que han hecho mucho daño. Una aprobación por mayoría sería menos perniciosa”.
Sin embargo, recalcó que también participa de dicho proceso el Poder Ejecutivo donde “hoy incluso hay peleas al interior del propio gobierno, si el que resuelve es La Moneda o es el Ministerio de Justicia, cómo se producen a su vez negociaciones, intercambio de favores, o sea, la verdad es que todo esto, la lógica del lobby y del tráfico de influencias ha permeado todas las instancias”.
A juicio del abogado lo más importante no es tanto quién va a designar, sino cuál va a ser el método: “Cualquiera sea la fórmula, lo que tiene que haber es una metodología que impida el tráfico de influencias y que focalice la atención y la evaluación en los méritos del candidato y, si se quiere considerar, también su inclinación ideológica que es algo que puede ser válido, pero en un contexto controlado lo que nos interesa es la inclinación ideológica, la filosofía judicial han dicho algunos, si es un juez más conservador o más liberal, eso me parece bien. Lo que no parece correcto es que se considere si ha favorecido o no ha favorecido algún interés particular, si es amigo o no amigo de fulanito que es lo que hoy día está jugando”.
