En este medio y en otros que combaten la corrupción, en distintas épocas, ya nos hemos referido a algunos casos demostrativos de la inexistencia de rigor, mejor dicho, probidad, en la aplicación de las leyes y reglamentos en materia de vivienda, urbanismo, medio ambiente, transporte y patrimonio histórico. En tal sentido a continuación, como está de moda hablar de los socavones en las dunas de Viña del Mar, consideramos indispensable que los lectores se tomen algunos minutos para leer detenidamente una columna publicada el 12/01/2012 en Ciper. Como vemos, hace más de doce años, se dio a conocer la inicua operación comercial directa de la dictadura de Pinochet con privados regalones, quienes se transformaron por arte de magia en dueños de las dunas.

En esa columna se describen los hechos esenciales y se reproduce el contundente informe jurídico del abogado Pedro Pierry, a la sazón abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y representante de este servicio en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), objetando el desinterés del gobierno de Aylwin en resguardar este Santuario de la Naturaleza. Por ende, como un perrito faldero, ese gobierno aceptó las indebidas presiones de los beneficiados con la compra a vil precio de las dunas, recalcando que este informe obligatoriamente se debe conocer, pues ahí se aprecian los malabares empleados por los interesados que eran tanto los vivarachos actores privados así como los pusilánimes agentes públicos.

Pues bien, volviendo a la actualidad, como ya hemos demostrado que el Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar del año 2002 impide la construcción de edificios aislados en altura en la zona V3 de ese instrumento normativo, sino tan solo, debido a que ahí la pendiente excede los 29°, solo están admitidas las edificaciones escalonadas. En ese sentido estimamos necesario reconocer el correcto proceder técnico, ético y previsor de las arquitectas municipales Patricia Rojas y Adriana Cabrera, autoras de dicho PRC. Con nuestra experiencia, no nos extraña que los edificios en altura, obviamente ilegales, afectados por los socavones se hayan levantado, pues así sus inversionistas pudieron vender en el mercado mayor cantidad de departamentos y por lo tanto los negocios generaron mayores utilidades.

Con motivo de los aguaceros caídos últimamente, con fecha 21/06/2024 denunciamos en la Contraloría General de la República lo que esta sucediendo en la comuna de Isla de Maipo con el anegamiento producido en el loteo habitacional “Valle La Reserva”, de la Inmobiliaria del mismo nombre, consignándose en el permiso de edificación N° 4 del 17/01/2013 que los representantes legales son Rodrigo Donoso y Andrés Alemparte, el arquitecto proyectista es la empresa González Vergara Asociados y la constructora la empresa Concreta. Según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) todos ellos son los responsables de las fallas constructivas o de diseño y deben responder a las familias afectadas.

El proyecto “Valle La Reserva” ha sido conocido por todo el país gracias a los noticiarios de televisión que han mostrado la tragedia de familias que hace poco tiempo compraron viviendas que tienen valores superiores a las UF 4.000, incluso el Gobernador Orrego anunció acciones para buscar a los responsables.

Quienes procedieron mal son varios, privados y públicos. Para empezar, es importante saber que el proyecto se ubica en un sector con riesgo de afloramiento de aguas subterráneas debido a la escasa profundidad a la que se encuentra el nivel freático bajo la superficie del terreno. Anteriormente el terreno era agrícola y contaba con canales de riego. En segundo lugar, es clave mencionar que el sector no cuenta con una red primaria de colectores de aguas lluvias y que pese a eso está definido como urbano, permitiéndose entonces diversidad de construcciones sin la infraestructura mínima dado el escenario de cambio climático que enfrentamos. Eso es lo mismo que ocurrió en diversos sectores de la periferia de Santiago, como en Gran Avenida, que todos los años se inunda con las lluvias. En simple, no debe definirse como urbano un sector que no cuenta con una red primaria de colectores de aguas lluvia. Según la ley N°19525, el MOP es el responsable de planificar y ejecutar esas obras.

Dado lo anterior, en el proyecto de urbanización se consideró la canalización subterránea de las aguas de riego (con cañerías de hormigón) y se implementó una solución de aguas lluvias consistente en sumideros y colectores que descargan, provisoriamente, en zanjas de infiltración ubicadas en áreas verdes y aceras del loteo. Las zanjas de infiltración están cubiertas (no son visibles) y se utilizan típicamente como plazas en cada barrio. El sector de calle Jaime Guzmán donde se han producido los mayores anegamientos es un punto bajo del loteo y la empresa de ingeniería responsable del diseño del proyecto de aguas lluvias (Maihue) propuso como solución un colector de emergencia en caso de falla del sistema de zanjas de infiltración. Dicho colector no cumple los criterios de diseño del SERVIU y descarga en un canal de regadío en el cruce de calle Coronel Cruz y Callejón Álvarez. No seguiremos dando cuenta de incumplimientos en este negocio para no aburrir a los lectores, esperando una reacción de aquellos funcionarios que no fiscalizaron.

En otro orden de cosas, es sabido que en nuestro país se repiten las prácticas que consagran la impunidad, a través de arreglines entre municipios y empresarios de la construcción para dejar sin efecto dictámenes vinculantes de la Contraloría General de la República y en tal sentido recordamos lo acontecido con un mall en la calle 14 Norte de Viña del Mar que se levantó con un antiguo permiso de edificación que el ente fiscalizador, como era su deber, lo declaró caducado. Para “solucionar” el inconveniente la empresa se puso de acuerdo con la alcaldesa Virginia Reginato y prontamente inventaron una conciliación judicial la que, ¡era que no! fue aprobada sin más trámites y el centro comercial está funcionando sin mayores problemas.

Lo mismo sucedió con una edificación hotelera en el balneario de Maitencillo, cuyo permiso de edificación también fue declarado caduco por la Contraloría, pero el inversionista, en sus tratos con el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, lo convenció de que se mantuviera la vigencia del acto administrativo y que era mejor transformar el hotel en lujosos departamentos. Así, de mutuo acuerdo, se firmó una alegre conciliación judicial y el problema quedó resuelto para siempre.

Actualmente el alcalde Freddy Ramírez de Concón, accediendo a un pedido de la Inmobiliaria Punta Piqueros S.A. intenta que, vía una ficticia conciliación judicial, se revalide el antiguo permiso de edificación N° 7 del 10/01/2011, cursado por el director de obras municipales (DOM) para que se construyera el Hotel Punta Piqueros de 10 pisos en el borde costero de Concón. Dicho acto administrativo fue anulado por la Corte Suprema y la mentada conciliación está radicada en la 5a Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pretendiéndose que en el arreglo se desconozcan las actuales normas del Plan Regulador Comunal (PRC) de Concón que, para ese sector, contempla una altura máxima de 7 metros, equivalentes a 2 pisos y medio. Bastante burlesco es lo que traman los interesados con la curiosa complacencia de la Corte porteña.

Finalmente, gracias a que no prosperó el gentil ofrecimiento que Gonzalo Migueles, pololo de la ministra de la Suprema, Ángela Vivanco, le formuló al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, para que ocupara el cargo de fiscal regional centro norte, incluyendo un doctorado, en reemplazo de Xavier Armendáriz, le solicitamos a éste el jueves de la semana pasada, por la ley de lobby, a pesar de que el suscripto no ejerce este oficio, una entrevista con motivo de nuestra querella criminal, interpuesta hace 3 años, radicada sin avanzar en su instancia, en contra de los funcionarios municipales que cursaron los permisos ilegales de los guetos verticales en Estación Central, desacatando diverso dictámenes de la Contraloría. Veremos si la Fiscalía, que retuvo Armendáriz, hará su pega para evitar un nuevo hecho consumado.