Aceptación transversal en el mundo político consiguió la aprobación en la comisión mixta del proyecto de ley que busca crear el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. El informe ya está listo para que sea votado en ambas salas del Congreso Nacional, aunque existe consenso entre el oficialismo y la oposición para que sea despachado a ley.
Este nuevo ministerio se dedicará exclusivamente a las tareas de seguridad y prevención del delito. La nueva cartera coordinará un nuevo Sistema de Seguridad integrado por Carabineros, PDI, Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, ministerios sectoriales, gobiernos regionales y municipios en torno a una estrategia en conjunto.
Desde el Ejecutivo mostraron su satisfacción por el avance de dicho proyecto. “Estamos poniendo fin con esto a 18 años de espera”, afirmó la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien agregó que el nuevo gabinete “significará tener un Estado más fuerte, con más atribuciones y más moderno” en la lucha contra el crimen.
“Aquí no solo estamos creando una institucionalidad especializada y más fuerte, sino que nos estamos haciendo cargo de que la seguridad es una tarea de Estado. Que comprende la participación de muchas instituciones. El Ministerio de Seguridad no solamente tendrá la tarea de llevar a cabo lo que le corresponde como ministerio especializado, sino también de coordinar el esfuerzo de muchos otros organismos y va a tener las herramientas para eso”, complementó la secretaria de Estado.
La Comisión Mixta también resolvió, tras las irregularidades atribuidas al ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, que solo el ministro de Seguridad Pública podrá solicitar informes de inteligencia.
Fue el senador Iván Flores (DC), quién presidió la Comisión Mixta, el que abordó el impacto del caso Monsalve en la eliminación de esta indicación. “Fue algo que se planteó con la voz de distintos parlamentarios que integrábamos la mixta y se recogió. El Gobierno lo recogió, de tal manera que los subsecretarios hoy día están fuera”, expuso el legislador.
“Es el ministro de Seguridad el que podrá pedir estos informes. Los subsecretarios podrán tenerlos, pero bajo la responsabilidad del ministro o ministra”, aclaró Flores.
En la oposición también quedaron conformes con el proyecto que se votará en sala en los próximos días. El diputado Diego Schalper (RN) valoró que la nueva institucionalidad tendrá “un ministro especialmente dedicado al análisis del delito, a la persecución, a la generación de estrategias de prevención y de control”.
“Y también vamos a tener un subsecretario de Prevención del Delito que tiene más atribuciones para que realmente se haga cargo de prevenir los procesos delictivos. Y un subsecretario de Seguridad que su tarea es dirigir la búsqueda de estrategias para inhibir el delito”, señaló satisfecho el parlamentario de derecha.
En regiones, además, se aprobó en el proyecto la idea impulsada por la ministra Carolina Tohá de establecer un secretario regional ministerial de Seguridad Pública, que tendrá el mando de Carabineros y PDI en cada zona. En paralelo deberá también coordinar con el delegado presidencial en temas de orden público.
Sobre lo anterior, la diputada Lorena Fries (FA), aunque expresó su conformidad con la aprobación de la norma, sí lamentó que no se estableciera un mínimo de tres años de experiencia previa en materia de seguridad para optar al cargo regional.
“El problema es que ganó una norma que yo creo que no es todo lo estricta que podría ser, en el sentido de establecer que se requiere algún grado de especialización o por lo menos alguna carrera, ciertamente, pero con idoneidad”, comentó Fires.
Si se aprueba en ambas salas, la norma podría ser promulgada en enero próximo y a fines del 2025 podría ser nombrado el nuevo ministro de Seguridad Pública. El Ejecutivo tendrá, una vez se despache a ley el proyecto, un plazo de ocho meses para elaborar los reglamentos para la implementación de la nueva cartera.