El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, que rechazó el recurso de nulidad presentado por la Dirección del Trabajo (DT) con el objetivo de anular una sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo, validó la fórmula aplicada por la empresa Maicao para reducir la jornada laboral en 10 minutos diarios. Este fallo ha generado un intenso debate sobre la implementación de la ley de las 40 horas laborales.

En concreto, el tribunal de alzada respaldó la decisión del Juzgado de La Serena, que validaba una reducción proporcional de minutos diarios en la jornada laboral. Así, el fallo dejó sin efecto una multa impuesta a la empresa Maicao, la que insistía en la reducción de una hora completa, pero solo en un día de la  semana.

El tribunal argumentó que, al no existir una norma interpretativa clara antes del 1 de junio, la empresa actuó dentro de sus facultades al aplicar la reducción por minutos. Este precedente podría abrir la puerta a que otras empresas adopten fórmulas similares, desafiando la interpretación inicial de la DT.

El fallo ha generado incertidumbre respecto a cómo se aplicara la reducción horaria en el futuro. Mientras el Gobierno insiste en que la reducción debe ser de una hora semanal, el fallo de La Serena sugiere que otras fórmulas, como la reducción por minutos, también serían válidas.

Al respecto, en conversación con el medio ADN, el experto legal e integrante de Lathrop Mujica Herrera & Diez Abogados, Francisco Cárcamo, señaló que este caso “echa por tierra las pretensiones de la Dirección del Trabajo” de “elevar sus dictámenes al rango de rey”.

Asimismo, de acuerdo a lo consignado por Radio Bío Bío, el jurista e integrante de AEM Abogados, Rubén Soto, afirmó que esto refuerza que las autoridades se ajusten al marco legal.

Por su parte, desde el sector empresarial celebraron la decisión. En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, destacó que el fallo refuerza la necesidad de certezas jurídicas y criticó los intentos de reinterpretar la ley mediante dictámenes administrativos. “Las empresas necesitan reglas claras, no autoridades que cambien las reglas cuando no les gusta el resultado”, afirmó.