El Tribunal Constitucional (TC) no se pronunciará sobre el requerimiento de los abogados Raimundo Palamara y John Reid contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, mientras no se realice el pago de la fianza que exige la ley, al tratarse de abogados particulares y que en este caso fue fijada en $500 mil cada uno.

Los abogados Palamara y Reid pidieron al TC que revise si es procedente que la ministra Fernández siga en su cargo, luego de que se conociera que tenía un acuerdo para suscribir un contrato de compraventa por el inmueble ubicado en calle Guardia Vieja de la comuna de Providencia, el que perteneció al expresidente Salvador Allende, su abuelo.

Esto, en razón de la prohibición expresa que existe en la Constitución que impide que ministros, en ejercicio de sus funciones, suscriban contratos con el Estado. Los recurrentes alegan que esta prohibición no habría sido respetada por Fernández, mientras que su defensa argumenta que como el contrato no se perfeccionó, no fue inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y solo se llegó a la etapa de promesa de compraventa.

A través de un comunicado, el TC informó que antes de declarar admisible o no el recurso, solicitará afianzar “el resultado de la acción que busca declarar la inhabilidad para permanecer en el cargo de un Ministro de Estado”.

Lo último, amparado en el artículo 118 de la Constitución, donde se señala que para requerimientos de este tipo y para garantizar la responsabilidad de los reclamos elevados al TC, “las personas naturales o jurídicas que no sean órganos constitucionales (…) estarán obligadas a afianzar las resultas de su acción a satisfacción del Tribunal”.

De esta manera, la devolución de los 500 mil pesos requeridos en este caso a los abogados Palamara y Reid, dependerá de si el TC encuentra o no plausible la acción emprendida contra la ministra de Defensa.

Los abogados, por su parte, anunciaron que este mismo jueves pagaran el dinero requerido por el tribunal, para que de esta forma el proceso siga adelante.