El constitucionalista, Patricio Zapata, instó a no interpretar de manera literal la norma que prohíbe a los ministros celebrar contratos con el Estado. Mientras, la penalista, Loreto Letelier, acusó que se trata de un caso de tráfico de influencias.
El experto en Derecho Constitucional destacó que, a pesar de la denuncia, no hay pruebas de que el contrato haya causado un perjuicio al Estado, lo que podría influir en la decisión del Tribunal Constitucional.
La primera sala del TC, integrado, entre otros ministros, por la presidenta del tribunal, Nancy Yañez, argumentó su decisión en que no se cumplió lo dispuestos en el artículo 119 de la Ley Orgánica del organismo.
El abogado de la senadora PS, Gabriel Osorio, argumentó que el inicio del proceso de adquisición de la casa de Salvador Allende, “se dio en el marco de las obligaciones jurídicas del Estado de Chile sobre preservación de la memoria”.
En paralelo, el Gobierno respondió a un reportaje en donde se denuncia que funcionarios de Bienes Nacionales advirtieron sobre los posibles coletazos de la compraventa. El subsecretario Luis Cordero recalcó que se trató de advertencias políticas.
Los ministros condicionaron el avance de la acción al pago de una multa de 500 mil pesos, que deberá ser cancelada por los abogados que presentaron el requerimiento. Esto, en razón de lo estipulado en el artículo 118 de la Constitución.
En el marco de la fallida compra da la casa del expresidente Allende, los parlamentarios no desestiman ingresar un requerimiento similar en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández. “Nadie ha podido defender esta infracción”, aseguraron.
