“Jamás fui advertido de una posible inhabilidad constitucional”, declaró el Mandatario ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la investigación.
La exsenadora prestó declaración ante el Ministerio Público en el marco de la investigación por la fallida compraventa de la casa en Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende, causa en la que la exparlamentaria figura como imputada.
La exsecretaria de Estado detalló el proceso de toma de decisiones respecto a la fallida adquisición del inmueble. «Debí haber verificado que finalmente le llegaran (las alertas) al Presidente», dijo.
El titular de Justicia afirmó que, independiente de la causa, dar a conocer «antecedentes de una investigación reservada en curso» trae consecuencias para las indagatorias del Ministerio Público.
El ministro del Interior aseguró que la exsenadora socialista «actuó de buena fe» en la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en Providencia.
El abogado abordó la nueva arista del caso que involucra la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Y aunque señaló que falta mucho para poder definir si efectivamente hay o no un delito, sí existe un indicio.
Según La Tercera, una diligencia en el contexto del caso Procultura permitió a la Fiscalía conocer una conversación entre el exjefe de asesores de La Moneda con Claudia Serrano, donde se habló del rol de la exsenadora en la fallida adquisición.
José Cortés, asesor jurídico de la Dirección de Patrimonio Cultural, señaló durante la comisión investigadora del caso que la información estaba en una minuta elaborada previo al traspaso del procedimiento al Ministerio de Bienes Nacionales.
El constitucionalista, Patricio Zapata, instó a no interpretar de manera literal la norma que prohíbe a los ministros celebrar contratos con el Estado. Mientras, la penalista, Loreto Letelier acusó que se trata de un caso de tráfico de influencias.
El experto en Derecho Constitucional destacó que, a pesar de la denuncia, no hay pruebas de que el contrato haya causado un perjuicio al Estado, lo que podría influir en la decisión del Tribunal Constitucional.
La primera sala del TC, integrado, entre otros ministros, por la presidenta del tribunal, Nancy Yañez, argumentó su decisión en que no se cumplió lo dispuestos en el artículo 119 de la Ley Orgánica del organismo.
El abogado de la senadora PS, Gabriel Osorio, argumentó que el inicio del proceso de adquisición de la casa de Salvador Allende, «se dio en el marco de las obligaciones jurídicas del Estado de Chile sobre preservación de la memoria».
En paralelo, el Gobierno respondió a un reportaje en donde se denuncia que funcionarios de Bienes Nacionales advirtieron sobre los posibles coletazos de la compraventa. El subsecretario Luis Cordero recalcó que se trató de advertencias políticas.
Los ministros condicionaron el avance de la acción al pago de una multa de 500 mil pesos, que deberá ser cancelada por los abogados que presentaron el requerimiento. Esto, en razón de lo estipulado en el artículo 118 de la Constitución.
En el marco de la fallida compra da la casa del expresidente Allende, los parlamentarios no desestiman ingresar un requerimiento similar en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández. «Nadie ha podido defender esta infracción», aseguraron.
