La economía es un factor clave para el desarrollo de los países. Su deterioro perjudica a todos, aunque a unos más que a otros, lo mismo que con el crecimiento económico que no beneficia a todos por igual. Conocido es que Chile está entre los países más desiguales del continente y con mayor concentración de la riqueza.
Lo anterior no es nada nuevo, pero la economía no puede existir sin seres humanos que la ponen en movimiento en distintas esferas y por tanto es bueno tener siempre presente que las y los humanos somos la base del desarrollo de los países.
Señalo esto pues circula la idea que el crecimiento económico lo es todo y a toda costa. Es decir, que solo creciendo gana el país y gana la gente. Sin embargo, la historia económica enseña otra cosa: todo depende de qué política económica se implementa, y con qué idea de desarrollo del país se hace.
Si se considerara el marco de las obligaciones del Estado para proteger los derechos sociales de las personas, sus derechos civiles y los ambientales, que son la base de la economía, esas políticas económicas tendrían que responder a ciertos estándares que los aseguraran.
Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido la Resolución No. 2/26, “Políticas Fiscales y Derechos Humanos en las Américas”, donde se plantean algunos principios básicos de toda política fiscal que respete estándares de derechos, así como la obligación del Estado de utilizar el “máximo de los recursos disponibles” para garantizarlos.
Hoy ya está claro que el Estado chileno no está en quiebra, que la reforma tributaria propuesta por el gobierno no garantiza el crecimiento económico ni la superación del déficit fiscal (que no sobrepasa los límites de EEUU, Argentina y decenas de otros países), como lo han afirmado el Fondo Monetario Internacional, FMI y el Consejo Fiscal Autónomo, CFA, organismos rectores de la actual economía. Hay un consenso en que debe contenerse y rebajarse el déficit, pero la política de shock lo que hace es reducir el tamaño y las obligaciones del Estado, debilitando los programas sociales aprobados por ley y haciendo incierto los ingresos fiscales.
Es por ello que el debate parlamentario no puede ser de “extrema urgencia” en tanto se ha reconocido que la situación del país no es crítica y requiere de la participación de diferentes actores sociales, como orienta el derecho internacional: “Los Estados deben garantizar mecanismos de participación inclusivos y efectivos” y publicar información fiscal “clara, oportuna, accesible y suficientemente desagregada” como para tener una opinión fundada.
También la Circular 16, que entrega el marco presupuestario 2027, ha invertido la carga de la prueba al entregar orientaciones de reducción fiscal sin presentar estudios fundados de ineficiencia o malversación de uso de recursos públicos, siendo su responsabilidad la de probar que los recortes no vulnerarán derechos. Así, la incertidumbre ciudadana se agranda haciendo que sea la presión social y política las que impidan eliminar o recortar programas sociales, culturales y ambientales. En otras palabras, se sustituye el debate técnico, los datos y la sostenibilidad de mediano plazo, por el “sesgo ideológico” de la propuesta.
Y esto ocurre porque “las políticas fiscales no son neutrales” y tienen efectos cotidianos en el goce de los derechos humanos. Incluso la CIDH ha señalado que los sistemas tributarios y presupuestarios deben orientarse a “reducir las desigualdades estructurales” y garantizar recursos suficientes para sostener derechos básicos como salud, educación y protección social.
Así, los principios de participación, transparencia, progresividad (no regresividad) e igualdad, quedan en entredicho por una estrategia política que pretendió hacer hegemónico un relato (en la batalla cultural) de un Chile que se caía a pedazos que requiere de “mano dura” y una “orientación técnica” que haga crecer la economía.
Lo importante será también monitorear que no se produzca una regresión en los derechos garantizados, a través de una estrategia de “regresividad encubierta”, en que se disminuyan estándares de calidad en la atención de salud (esperas interminables), la calidad educativa (menos profesores por alumnos, raciones alimenticias menos nutritivas, etc.) o pensiones (no reajustarlas, disminuir el acceso) o en medioambiente al relajar los estándares de protección medioambiental.
La persistencia en un sesgo ideológico de la política económica, sin observar los estándares de derechos humanos puede llevar a una situación de emergencia social grave.
* El autor es Director Ejecutivo de la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos
