“En Chile todavía se tortura”, fue la conclusión a la que organismos de derechos humanos llegaron luego de que se conocieran las cifras que indican un aumento en las denuncias sobre estos casos, por lo que hicieron un llamado a que el Estado promulgue a la brevedad el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura como forma de cambiar la cultura de las instituciones políticas en nuestro país.
Como “nefasto” y “grave” calificaron organismos de DDHH las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, quien se mostró favorable a la entrega de beneficios carcelarios a los condenados por crímenes de lesa humanidad, y alertaron que estos planteamientos podrían perjudicar los procesos judiciales que se llevan a cabo.
Branislav Marelic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se refirió a la reciente querella interpuesta por el caso de Hugo Arispe, desaparecido desde la cárcel de Acha en Arica en 2001, y sobre los otros casos de detenidos desaparecidos en democracia, particularmente el caso de José Huenante: “Para ese caso la jurisdicción militar no da garantías”, señaló.
El proceso estará a cargo de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI). Se lo acusa de detención ilegal, aplicación de tormentos y secuestro con grave daño en contra de Cosme Caracciolo Álvarez.
En el marco de la publicación del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, investigadores advierten de la falta de avance de los proyectos como el de la Subsecretaría de la Niñez y el que crea el Sistema de Garantías para los menores. También se hizo hincapié en las vulneraciones en los derechos a la vivienda, diversidad sexual y otros ámbitos.
El objetivo es presentar 100 acciones contra responsables de crímenes de la Dictadura, demandas que se enmarcan en la conmemoración de los 40 años de la Agrupación.
Por cuarta vez desde que está detenida, Francisca Linconao debe retornar a la cárcel. Confirmar el cambio de medida cautelar requiere de la votación unánime de la sala considerando que en el denominado caso “Luchsinger – Mackay” se está aplicando disposiciones de la Ley Antiterrorista,
José Cayuhuan, familiar de la comunera mapuche que fue engrillada al momento del parto, señaló que tomarán acciones legales contra los responsables de violar los DD.HH. de su hermana.”La acusación se basa principalmente en la vulneración de sus derechos como mujer y como indígena, pero también está la vulneración de los derechos del niño”.
La autoridad ancestral quedó con arresto domiciliario. Mientras otros comuneros acusados por la Fiscalía del incendio donde perdió la vida el matrimonio Luchsinger-Mackay, también fueron puestos en libertad.
Organizaciones de derechos humanos, así como el Colegio Médico constataron la veracidad de las declaraciones de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan, quien dio a luz estando engrillada, caso que ha generado revuelo a nivel nacional. El INDH apoyó la presentación de un recurso de amparo a favor de la comunera que busca declarar ilegal el actuar de Gendarmería en este caso.
Desde Plaza Italia, marchando por la calzada sur de la Alameda, miles de mujeres y hombres se manifestaron en una convocatoria calificada de histórica, en rechazo a la violencia contra la mujer y los recientes casos de femicidios en el país y en América Latina.
La polémica estalló luego de las acusaciones de la familia de Lorenza Cayuhán. Mientras el Colegio Médico sancionó el actuar de Gendarmería, el INDH presentó una acción judicial en Concepción.
“Ni una menos”, “nos queremos vivas”, “ni una más”, son algunas de las consignas que miles de mujeres han levantado exigiendo el fin a los femicidios.
Como “vergonozosa” e “indignante” calificaron desde organismos de DDHH la posibilidad que más de 50 condenados por delitos de lesa humanidad estén habilitados para sufragar este domingo, en un error más que ha arrojado el padrón electoral, lo que se suma a los casos de domicilios erróneos que impedirán a casi medio millón de chilenos de ejercer su derecho a voto.
La ministra Marianela Cifuentes sometió a proceso al capitán (R) del Ejército Carlos Walter Kyling Schmidt en calidad de autor de secuestro calificado de 22 personas en la localidad de Paine en octubre de 1973.
