A través de una carta enviada al ministro del Interior, Mario Fernández, diversas agrupaciones de ex presos políticos pidieron que se concrete el inicio de la Mesa Técnica comprometida por el Gobierno que analice e implemente las políticas de reparación que demandan del Estado.
En medio de la tramitación del proyecto que regula el sistema de libertades condicionales, la Cámara Baja aprobó la indicación que limita la entrega de este beneficio a criminales de lesa humanidad. “Se les cierra la puerta a los violadores de DDHH para que puedan salir en libertad condicional en este país”, señaló el diputado Fidel Espinoza.
La abogada Mapuche criticó el presupuesto destinado para seguridad en la región de la Araucanía y afirmó que el gobierno busca resolver el conflicto en la zona a través de la represión y la judicialización.
Desde la Agrupación respondieron con duras críticas a las palabras de la ahora subsecretaria de Derechos Humanos. Además, manifestaron su preocupación por los temas omitidos en la entrevista, como la deuda que Chile tiene con las víctimas de la Dictadura.
La cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó disminuir de ocho a tres años la pena dictada al ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff, por el caso de Germán Moreno. Familiares del ex mirista y representantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior interpondrán un recurso de casación contra la medida.
En una ceremonia llevada a cabo en la sede del Congreso en Santiago, la Presidenta Michelle Bachelet llevó a cabo una de las medidas reparatorias que exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los exintegrantes de la FACh condenados por Consejos de Guerra entre 1973 y 1974, y que fueron absueltos por la Corte Suprema.
La Corporación Londres 38 entregó antecedentes sobre cinco ex oficiales de Carabineros condenados por crímenes de lesa humanidad ejecutados durante la Dictadura que actualmente se encuentran prófugos. Desde la organización señalaron que estas personas se encontrarían en Chile porque siguen cobrando mensualmente sus pensiones en Dipreca.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó el actuar del Poder Judicial, principalmente el rol de la Corte de Apelaciones luego de otorgar la libertad condicional Raúl Iturriaga Neumann. Sin embargo, aseguró que no se trata de un caso en particular, sino de una operación de defensa para los criminales de la Dictadura.
Luego de conocer la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago de otorgarle la libertad condicional al ex subdirector de la DINA Raúl Iturriaga Neumann, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, además de lamentar esta decisión, criticó a los tribunales por entregar beneficios a criminales de lesa humanidad.
Luego que la Corte Suprema ordenara la anulación de las sentencias dictadas por dos Consejos de Guerra durante 1974 y 1975, quienes fueran condenados ahora buscan recuperar sus derechos sociales, tal como lo señaló el ex suboficial de la Fuerza Aérea, Mario González Rifo: “A muchos se nos destruyó un proyecto de vida completo”, aseguró.
La resolución subraya el derecho de las personas de personas todavía no condenadas a ejercer su sufragio. Se trata de una situación ya dictaminada con anterioridad por la justicia, a la cual el Servel no ha ejercido acción para dar cumplimiento.
En fallo dividido, el Máximo Tribunal sentenció a los coroneles (r) de la FACh Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera a 4 años de prisión efectiva por las torturas en contra del general Alberto Bachelet, que derivaron en su muerte en la Cárcel Pública.
En Chile el Gobierno, la Constitución y las leyes han propiciado un régimen de extractivismo minero. Mientras, los indígenas de Tarapacá utilizan su patrimonio arqueológico y cultural como medio para negociar y permanecer viviendo como lo hacían ancestralmente.
Este año, la matrícula de estudiantes migrantes llegó a 60.844, lo que corresponde al 1,7 por ciento del total. Chile entrega un RUT provisorio número 100 millones para quienes no poseen visa, una medida que impide el acceso a la inscripción a la PSU.
Catorce ex presos políticos de Rancagua pudieron conocer los archivos elaborados por la Comisión Valech I a partir de sus testimonios, luego que la Corte de Apelaciones fallara a favor de su desclasificación. Las víctimas de la Dictadura afirmaron que estos antecedentes evidencian la falta de consulta sobre el secreto de sus declaraciones.
