El jefe de la comunidad de Temucuicui sostiene que fue arrastrado luego de perder la conciencia por los gases lacrimógenos lanzados por Carabineros durante un allanamiento. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, aseguró que fue subido a la fuerza a una camioneta roja por sujetos de civil.
En casi tres décadas, Chile ha exportado un discurso sobre Derechos Humanos que, para los ex presos políticos, sólo se ha quedado en la retórica y mantiene una deuda con esa parte de las víctimas que no tiene apellidos rimbombantes, no es parte de cúpulas políticas ni tampoco pertenece a los llamados “casos emblemáticos”.
La Sala Penal elevó a 10 años y un día de presidio las penas que deberán cumplir, en calidad de autores de los secuestros de Modesto Espinoza Pozo y Roberto Aranda Romero, los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff.
En una conferencia en la Universidad Adolfo Ibañez, Rudolph Giuliani afirmó que las personas no tienen el derecho de manifestarse en la vía pública y negó que el control de armas tenga algún impacto en la lucha contra el terrorismo. Expertas criticaron la postura del ex edil, asegurando que no logra entender lo que está pasando en América Latina.
Diputados y senadores de distintas bancadas se sumaron a la iniciativa para agilizar el trámite de las iniciativas que apuntan a garantizar los derechos de las minorías sexuales, proyectos que son parte del Programa de Gobierno de Michelle Bachelet.
La actuación de Carabineros se encuentra regulada en una serie de protocolos que se hicieron públicos sólo hace dos años. El contenido de las disposiciones, su conformidad con los derechos humanos y sobre todo su efectiva aplicación, enfrentan severos cuestionamientos.
Dilaciones en la tramitación de las leyes de despenalización del aborto en tres causales y la normativa sobre Identidad de Género generan el cuestionamiento de parte de organizaciones sociales sobre la real voluntad política del Gobierno para cumplir promesas que son parte del programa de la Presidenta Bachelet.
Más de 40 años han pasado desde la muerte del cantautor Víctor Jara y esta semana comenzó el juicio del ex teniente Pedro Pablo Barrientos en Estados Unidos, a quien se le responsabiliza de estar a la cabeza de los militares que asesinaron al artista en el entonces Estadio Chile durante la dictadura.
María Paz Cajas acusa a la funcionaria Thiare Vergara de golpearla en el vientre provocándole la pérdida del embarazo de cinco semanas. Abogada de la Defensoría Popular Fernanda Molina, sostuvo que hay antecedentes que permiten perseguir la responsabilidad de la uniformada.
Así resumió la situación que le tocó presenciar a la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos en su reciente visita a Palestina. Por lo mismo, hizo un llamado a que los actores internacionales realmente se comprometan con el sufrimiento del pueblo palestino.
En su visita a Chile, el sociólogo Luiz Antonio Machado enfatizó que las medidas que se están tomando de remoción en las favelas de Rio pretenden marginar a los pobres, todo esto a pocos más de un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2016.
Procesamientos y detenciones de ex miembros del Ejército acusados por violaciones a los derechos humanos, motivaron la presentación de una moción parlamentaria que busca impedir que personas vinculadas a este tipo de casos puedan ejercer cargos públicos.
Más de 50 días sin ingerir alimentos llevan los ex presos políticos que esta semana expusieron sus demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y amenazan con iniciar huelga seca si no son atendidos por el Gobierno.
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior pidió el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, en calidad de encubridor de homicidio y secuestro de 15 personas durante el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena, en tiempos que Cheyre ejercía como teniente en el regimiento de esa ciudad.
El ex Cuartel Borgoño fue declarado Monumento Histórico Nacional por el Consejo de Monumentos. Miembros de organizaciones de Derechos Humanos valoraron la iniciativa como un avance en materia de reparación y memoria. “Es relevante que las futuras generaciones sepan qué pasó en este país”, destacó Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
