En la declaración, su viuda Joan y sus hijas Manuela y Amanda aseguran que la condena es “una derrota importante para los que quieren negar la historia y un duro golpe a la impunidad”, pero lamentan la demora de décadas.
Este miércoles la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos dejó un documento en Contraloría solicitando que el organismo reconsiderara su decisión de eximirse en la toma de razón de indultos otorgados por la presidencia. El derecho internacional respalda la visión de que a quienes cumplen penas por crímenes de lesa humanidad no se les debiera conceder ningún tipo de beneficios.
Ángela Vivanco ha escrito columnas y papers para defender “la vida del que está por nacer”. Así, con votos del oficialismo y gran parte de la oposición, la abogada constitucionalista de la Universidad Católica recibió los 30 votos que en el Senado le bastaban para convertirse en la nueva ministra de la Corte Suprema.
El Director de la Policía de Investigaciones manifestó conocer el origen de los mensajes que causaron la denuncia y afirmó que se trata de algo “entre una broma y una falta de prudencia”.
El juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la propuesta de la fiscalía de eliminar los delitos de cohecho y soborno contra los controladores de Penta y el ex subsecretario de Minería respectivamente. Con esto, la Justicia sepulta un litigio emblemático contra los impulsores de millonarios pagos ilegales en beneficio de variados políticos del país.
La abogada de cinco de los diez mapuches formalizados por el montaje del Caso Huracán levanta la voz ante la resolución de la Corte de Apelaciones que indicó, esta mañana, que serán los mismos mapuches quienes se deben hacer cargo de los costos de su defensa a raíz del caso en el que se les implantaron mensajes en sus celulares personales. La defensora acusa clasismo y racismo constante de parte de la Corte de Temuco.
El ministro Miguel Vázquez decidió la condena de los militares en retiro y determinó también una indemnización de perjuicios en favor de los familiares de ambas víctimas. $1.370.000.000 millones de pesos deberá pagar el Fisco de Chile a las cónyuges, hijos y hermanos del cantautor y del ex director de Gendarmería, quienes fueron asesinados en el Estadio Chile por oficiales del Ejército.
La determinación de la justicia significa que se debe realizar un nuevo juicio oral en el caso de la desaparición del joven en Alto Hospicio el que debe ser dirigido por jueces no inhabilitados.
El fiscal a cargo de la causa, Pablo Gómez, informó al juez de garantía que las indagaciones ya se encuentran completadas y que el Ministerio Público ya está “pronto a cerrar la investigación”.
El gobierno, a través de su vocera, afirmó que el proyecto de ley responde a razones humanitarias por motivos de salud. La Oposición ya adelantó que no apoyarán una normativa que permita la impunidad.
El martes 11 de junio la policía encontró, en su casa de Maipú, una madre y una hija apuñaladas. Un joven de 18 años declaró haber asesinado a ambas al no haber podido tolerar el quiebre con la menor. Además del dolor de la familia, el Estado no reconoce como femicidios a estos crímenes.
Los funcionarios de Gendarmería anunciaron una paralización nacional en caso de no ser recibidos por el Ministro de Justicia dentro de un plazo de 24 horas. Desde el gobierno afirman que Chile es un Estado de Derecho y que no aceptarán ultimátums, mientras afirman que la reforma del sistema penitenciario es una deuda pendiente, pero que la solución debe producirse a través del diálogo.
Hasta la semana pasada, ministro de la Corte Suprema. En conversación con Patricio López, editor general de Radio Universidad de Chile, Carlos Cerda entregó su opinión sobre la forma en que se ejerce el derecho en nuestro país.
En enero pasado, el ministro en visita extraordinario para causas por violaciones a los derechos humanos, Mario Carroza, visitó el enclave alemán para realizar una inspección al interior del predio ubicado en la región del Maule.
La asociación de notarios reaccionó al informe de la Fiscalía Nacional Económica mediante un comunicado de prensa en el que advierten que las recomendaciones de la FNE “podrían constituirse en claros factores de riesgo para la fe pública y la seguridad y certeza jurídica”.
