Ésta es la quinta vez que el UDI debe declarar ante la justicia. Trasciende que en el testimonio reconoció el mal uso de las asignaciones parlamentarias.
Los dirigentes pusieron como ejemplo las amenazas y acciones emprendidas por personeros vinculados o retirados de distintas ramas militares que apuntan a doblar la mano del avance de la justicia en causas de crímenes de lesa humanidad.
Hace cinco años ocurrió la tragedia carcelaria más grande de nuestra historia: el incendio de la cárcel de San Miguel, donde 81 internos perdieron sus vidas y hasta la fecha nadie resulta responsable. Y lo que es peor, las consecuencias siguen afectando a sus familiares por el cobro de la mantención de los cementerios donde se encuentran sepultados.
El Tribunal de Alzada desestimó la impugnación hecha por la Fundación Ciudadano Inteligente al considerar que presentaba “deficiencias formales”. De esta forma se confirma la pena remitida de tres años dictada en contra del ex presidente de la UDI.
El magistado Hugo Dolmestch señaló además que el Poder Judicial está “libre” de hechos deshonestos. “Nadie podría decir que hay jueces o ministros corruptos o que tengan una mala costumbre”, recalcó.
El alto mando del Ejército concurrió nuevamente a la comisión investigadora por la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, para responder las preguntas de los diputados en relación al uso indebido de estos recursos. En la instancia, el Comandante en Jefe, Humberto Oviedo, indicó que si bien hay cinco miembros del Ejército procesados y en la cárcel, la situación sigue en manos de la justicia.
La actividad se desarrolló en medio de un momento de alta tensión entre las comunidades mapuche y las autoridades, después del viaje de la Presidenta Michelle Bachelet y el Ministro del Interior, Jorge Burgos, a la región de La Araucanía.
Absoluto silencio hay en el Gobierno frente el acercamiento de la investigación del Caso Caval al Palacio de La Moneda, ya que se habría rastreado el teléfono de la presidenta Michelle Bachelet y del vicepresidente del Banco de Chile Andrónico Luksic, además de solicitarse el registro de las cámaras de la Sede de Gobierno para aclarar la eliminación de información del computador de Sebastián Dávalos. Por otra parte, se conocieron detalles sobre la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos que podría justificar la formalización de Natalia Compagnon.
La acción que fue presentada ante la Fiscalía de Alta Complejidad de Ñuñoa busca determinar la influencia de los laboratorios internacionales en el ejercicio parlamentario del PPD. Girardi amenazó con querellarse por injurias, en caso que no se pueda comprobar el hecho.
La comisión investigadora de la Cámara prepara sus conclusiones en medio de críticas a la nula colaboración prestada por el hijo de la Presidenta, acusación que se suma a las del abogado querellante Mario Zumelzu quien sostiene que existe protección a la familia de la Mandataria.
Este lunes se desarrollaron los alegatos por el recurso de nulidad presentado por la Fundación Ciudadano Inteligente a la condena del ex parlamentario de la UDI Jovino Novoa por el Caso Penta. La Fiscalía justifica el acuerdo con el ex líder gremialista “basado en el principio de objetividad”, mientras los querellantes piden que se respete la “igualdad ante la ley”.
En una resolución informada el pasado jueves 31 de diciembre y sin mayor publicidad, el partido determinó que la condena que recibió su ex presidente no es motivo de reproches.
La indagación se origina en el proceso que culminó con una multa en contra de la empresa del grupo Luksic en China. La firma nacional fue investigada junto a otras compañías del rubro, pertenecientes a diversas partes del orbe.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Mario Zumelzu profundizó en la investigación que lleva adelante el fiscal de O´Higgins, Luis Toledo.
La empresa Caval será formalizada por delito de soborno, acción judicial que indirectamente estaría dirigida en contra de Natalia Compagnon, al ser una de las propietarias de la sociedad, pese a que el representante legal es su socio, Mauricio Valero, sobre quien sí recae una acción personal.
