Por unanimidad, el magistrado reemplazará a Sergio Muñoz, destacando por haber sido el primero en condenar a un general, como fue el caso del ex director de la CNI Hugo Salas Wenzel, en el marco de la operación Albania. “La democracia no funciona si la Justicia es intervenida por los otros órganos. La intervención hacia los jueces es inaceptable”, advirtió Dolmestch luego de su elección.
Por 22 votos a favor y tres en contra, el Tribunal de Alzada determinó rechazar la apelación presentada por el diputado de la UDI Gustavo Hasbún para no ser desaforado frente a las acusaciones de injurias realizadas por la familia del estudiante Rodrigo Avilés, quien el pasado 21 de mayo quedara con heridas graves luego de ser alcanzado por el chorro del carro lanza aguas de Carabineros.
Son 130 millones de pesos los que deberá pagar el Fisco a la madre y hermana del joven mapuche que fuera asesinado por Carabineros durante una manifestación en un fundo de la comuna de Vilcún. “El tema de la forma de indemnizarnos nunca nos va a dejar conforme, porque ese tipo de condenas al Estado no sienta precedente alguno para que las cosas no vuelvan a ocurrir”, cuestionaron desde la familia.
Alberto Espinoza, defensor del ex integrante del FPMR, Galvarino Apablaza, reaccionó a las palabras que han surgido desde la UDI exigiendo el término del beneficio al que accedió Apablaza luego de aparecer como víctima de la dictadura en la Comisión Valech II.
Sin embargo, como acusa la propia Bárbara Salinas, solo se ofrece, de parte del ex gerente general de la empresa Pablo Alcalde, uno de los condenados por las repactaciones unilaterales de deudas, un monto de 155 millones de pesos, cantidad que debería repartirse entre todas las partes querellantes.
A través de un comunicado, el Servicio aseguró que las prestadoras de salud deben responder por los ilícitos que se cometan en sus estacionamientos, garantizando así el derecho de los usuarios.
Marco Enríquez Ominami aseguró que solicitó a la Fiscalía que la declaración que prestó durante esta mañana, luego de meses de retraso sea pública, agregando que entregó “importantes” documentos. Además, emplazó al ex presidente Sebastián Piñera por su participación en los casos de financiamiento ilícito de la política. El ex candidato presidencial protagonizó una calculada jornada de interrogación, marcada por sus decenas de simpatizantes.
Se trata de Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, quienes si bien igualmente tendrán que pagar millonarias multas, podrían verse beneficiados en la rebaja de sus condenas. La lectura de la sentencia se realizará el próximo 18 de diciembre.
El ex candidato presidencial aseguró que solicitó a la Fiscalía que la declaración que prestó durante esta mañana, luego de meses de retraso, sea pública.
A las 9 de la mañana será recibido por los fiscales Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias, quienes le preguntarán por el presunto financiamiento de SQM a su campaña política y los 362 millones de pesos que su ex colaborador recibió de parte de la filiar salar de la minera no metálica.
La falta de reglamentación en las universidades y el descrédito hacia las pocas víctimas que se atreven a denunciar son la tónica del abuso sexual cometido en contextos académicos; un tipo de violencia de género que, pese a ser más frecuente de lo que se imagina, permanece invisible.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el programa del Ministerio del Interior en esa materia realizó un balance histórico y entregó las cifras de los ex agentes procesados, acusados y condenados por violaciones a los Derechos Humanos. Autoridades del programa hicieron un llamado a colaborar en las investigaciones.
Jefe de la instancia, Pablo Ardouin, asegura que “los hechos puntuales pueden ser de orden policial, pero las reivindicaciones de territorio ancestral son claramente un problema político”, por lo que insiste en que “no se necesitan resoluciones judiciales, sino que justamente políticas”.
Sus cuestionamientos apuntan a que no existió voluntad de los magistrados para investigar a los civiles involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante la dictadura empresario-militar que encabezó Augusto Pinochet.
Mauricio Daza denuncia lo que considera “una situación política impresentable”, que busca trabar las investigaciones de Fiscalía, particularmente respecto del financiamiento irregular de campañas con recursos provenientes de la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet.
