La acción judicial expone que “las conversaciones incluidas en ese informe y que fueron publicadas por La Tercera el pasado viernes carecen de toda relevancia investigativa”.
Tras la revelación de los chats entre la diputada comunista y la exalcaldesa Irací Hassler, el abogado Juan Carlos Manríquez y el fiscal Patricio Cooper realizarán un “trabajo de chequeo cruzado” para filtrar la información.
A casi ocho años del escándalo policial que remeció al país, la abogada querellante en la causa apuntó al rol de los tribunales en la dilación que ha empujado la defensa de los acusados. Además, acusó al Estado de ensañarse contra los comuneros.
La acción judicial buscaba impugnar el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó la solicitud de la exalcaldesa de Antofagasta de acceder a libertad vigilada por haber cumplido tiempo de cárcel en Países Bajos.
El diputado Henry Leal (UDI) advirtió que este mismo martes podrían presentar la moción dirigida a la mesa de la Corporación. Mientras, la parlamentaria Helia Molina (PPD) acusó que la derecha solo está haciendo “un punto político”.
José Pedro Silva destacó que los antecedentes presentados contra el parlamentario ex-UDI están respaldados por más de 120 testimonios y una serie de correos electrónico. “Hay pruebas contundentes que ameritan la formalización”, aseguró.
El abogado afirmó que las conversaciones dan cuenta de “conductas que pueden ser constitutivas de delitos”. Además, señaló que en el caso de la ex alcaldesa de Santiago no se le podría atribuir una imputación, quedando la diputada peor parada.
La postergación fue solicitada por la representación de Moisés Bravo, padre del niño, como parte querellante por haber cambiado su equipo de abogados.
Los puntos entregados por la defensa de Zepeda al tribunal se fundamentan en cuestionar el procedimiento de los juicios previos, levantando la tesis de que hubo una “culpabilidad establecida sobre una hipótesis”.
Pulgar, ya desaforado, se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por violación y abuso sexual de una menor.
La exalcaldesa de Maipú deberá cumplir nuevamente prisión preventiva tras la decisión del Tribunal de Alzada, que acogió los argumentos por falta de nuevos antecedentes que justificaran su libertad.
El máximo tribunal reafirmó las condenas a 46 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entre ellos Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff, por los delitos de secuestro calificado (desaparición) de la cúpula del Partido Comunista.
La acción judicial había sido interpuesta en enero contra el Ministerio de Vivienda, acusando ilegalidad y arbitrariedad en la aprobación de la modificación del plan regulador que permite la edificación del penal.
La directora nacional del Servicio, Priscilla Carrasco precisó, también, que se le entregará apoyo psicosocial a través de uno de los Centros de Atención Especializada en Violencias de Género.
Señalaron que “es imperativo enfatizar la responsabilidad del Estado y el actual gobierno respecto a investigar la existencia de conductas erróneas o arbitrarias del Ministerio Publico”.
