La diputada, firmante de la petición de remoción del persecutor, aseguró que en el marco de la investigación contra Karol Cariola, ha existido un actuar negligente. “Estamos frente a un escenario muy peligroso de lawfare”, acusó.
El Mandatario declaró de manera presencial desde La Moneda. La vocera (s) Etcheverry destacó la disposición del Gobierno a prestar colaboración y el abogado querellante, Raimundo Palamara, valoró que Boric no ejerciera su derecho a guardar silencio.
El académico valoró la incautación de aparatos a los ministros Antonio Ulloa y Héctor Mery, pero cuestionó que todo el peso de la investigación lo esté llevando la Fiscalía. A su juicio, el Poder Judicial y el Congreso también deberían actuar.
Solo ayer el Tribunal de Garantía le cambió la cautelar al desaforado parlamentario por arresto domiciliario. La Corte de Apelaciones argumentó, para volver a encarcelarlo, que es un peligro para la sociedad.
Pese a estar dirigida contra “quien resulte responsable”, la denuncia apunta a personajes como la fiscal Giovanna Herrera y el abogado Gabriel Zaliasnik. Este último aseguró que su mención en la acción judicial “es delirante”.
La acción judicial expone que “las conversaciones incluidas en ese informe y que fueron publicadas por La Tercera el pasado viernes carecen de toda relevancia investigativa”.
Tras la revelación de los chats entre la diputada comunista y la exalcaldesa Irací Hassler, el abogado Juan Carlos Manríquez y el fiscal Patricio Cooper realizarán un “trabajo de chequeo cruzado” para filtrar la información.
A casi ocho años del escándalo policial que remeció al país, la abogada querellante en la causa apuntó al rol de los tribunales en la dilación que ha empujado la defensa de los acusados. Además, acusó al Estado de ensañarse contra los comuneros.
La acción judicial buscaba impugnar el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó la solicitud de la exalcaldesa de Antofagasta de acceder a libertad vigilada por haber cumplido tiempo de cárcel en Países Bajos.
El diputado Henry Leal (UDI) advirtió que este mismo martes podrían presentar la moción dirigida a la mesa de la Corporación. Mientras, la parlamentaria Helia Molina (PPD) acusó que la derecha solo está haciendo “un punto político”.
José Pedro Silva destacó que los antecedentes presentados contra el parlamentario ex-UDI están respaldados por más de 120 testimonios y una serie de correos electrónico. “Hay pruebas contundentes que ameritan la formalización”, aseguró.
El abogado afirmó que las conversaciones dan cuenta de “conductas que pueden ser constitutivas de delitos”. Además, señaló que en el caso de la ex alcaldesa de Santiago no se le podría atribuir una imputación, quedando la diputada peor parada.
La postergación fue solicitada por la representación de Moisés Bravo, padre del niño, como parte querellante por haber cambiado su equipo de abogados.
Los puntos entregados por la defensa de Zepeda al tribunal se fundamentan en cuestionar el procedimiento de los juicios previos, levantando la tesis de que hubo una “culpabilidad establecida sobre una hipótesis”.
Pulgar, ya desaforado, se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por violación y abuso sexual de una menor.
