El exintegrante de la bancada de Republicanos está recluido desde el 3 de enero en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. La investigación en su contra es en el marco de la arista Manicure del Caso Convenios.
El excandidato presidencial cumplía prisión preventiva desde agosto de 2023 por sus vínculos con la Corporación Kimün. Tras abandonar la cárcel de Puerto Montt, aseguró que ha sido víctima de “prisión política” por “cuestiones raciales”.
Tras la decisión de la Corte de Antofagasta, la Fiscalía quedó habilitada para formalizar a la exmilitante del FA, por su presunta participación en delitos de fraude al fisco. El abogado de Pérez dijo que no hay argumentos para el desafuero.
Tras una audiencia de más de cuatro horas, el tribunal antofagastino levantó la inmunidad parlamentaria de Pérez por sus vínculos con la fundación Democracia Viva y su presunta participación en el delito de fraude al fisco.
La primera sala del TC, integrado, entre otros ministros, por la presidenta del tribunal, Nancy Yañez, argumentó su decisión en que no se cumplió lo dispuestos en el artículo 119 de la Ley Orgánica del organismo.
Con la pérdida de su inmunidad, la parlamentaria pasará por el proceso legal y la solicitud de medidas cautelares en su contra. En la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, se le acusa de ser cómplice del delito de fraude al fisco.
Jenny Barra fue detenida en octubre de 1977 y sus restos fueron encontrados 24 años después en la Cuesta Barriga. Debido algunos reparos con el fallo, la abogada querellante, Andrea Gattini, ya presentó un recurso de casación.
El abogado de la senadora PS, Gabriel Osorio, argumentó que el inicio del proceso de adquisición de la casa de Salvador Allende, “se dio en el marco de las obligaciones jurídicas del Estado de Chile sobre preservación de la memoria”.
El parlamentario está privado de libertad desde el 3 de enero, en el marco de la investigación por el destino de más de $730 millones de pesos que el Gobierno Regional de La Araucanía destinó a las fundaciones Folab y Educc.
En paralelo, el Gobierno respondió a un reportaje en donde se denuncia que funcionarios de Bienes Nacionales advirtieron sobre los posibles coletazos de la compraventa. El subsecretario Luis Cordero recalcó que se trató de advertencias políticas.
Los ministros condicionaron el avance de la acción al pago de una multa de 500 mil pesos, que deberá ser cancelada por los abogados que presentaron el requerimiento. Esto, en razón de lo estipulado en el artículo 118 de la Constitución.
Mientras estuvo preso en Brasil, el excomandante del FPM conocido como “Comandante Ramiro”, se convirtió en el único preso en la historia que fue sometido por tanto tiempo al Régimen Disciplinario Diferenciado y Sistema penitenciario Federal.
Organizaciones y parlamentarios concuerdan en exigir más recursos y sanciones efectivas para aplicar la Ley 21.020.
De acuerdo a versiones, este funcionario penitenciario habría estado realizando algunas transferencias bancarias por encargo del exsubsecretario, aunque se desconoce a quienes fueron dirigidas. Gendarmería inició un sumario.
Los ejecutivos de LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Porzio, quedaron con las cautelares de firma mensual y arraigo nacional.
