Ángela Vivanco se refirió al tema luego de las críticas del alcalde de Puente Alto, Germán Codina, por la liberación de varios de los sujetos detenidos por el saqueo a un supermercado.
Las representantes cuestionaron a los parlamentarios y dirigentes de derecha que han negado la existencia de estos hechos cometidos por agentes del Estado, incluso señalando que el Presidente Boric miente cuando lo incluyó en su discurso.
La abogada del caso, Alejandra Arriaza, insistió en irregularidades en torno a la investigación y en la presunta participación de terceros. Mientras el diputado Andrés Giordano entregó detalles sobre el funcionamiento de la comisión investigadora.
La autoridad manifestó que otra dificultad tiene que ver con el déficit de tecnología para el análisis avanzado de la información que permita obtener evidencia para recurrir a los tribunales.
Miguel Yaksic dijo que la cifra de personas que ha ingresado de manera irregular a Chile y han sido detenidas es de 21 mil y no de 40 mil. Respecto a este último número, indicó que se trata de las autodenuncias realizadas por inmigrantes ante la PDI.
“Nunca escuchamos a políticos como Ricardo Lagos Weber exigirle al gobierno de Piñera y a la institución de Carabineros que pidieran perdón por el daño que habían provocado”, dijo la dirigenta.
La entidad, junto a organizaciones de víctimas de represión, presentó una querella contra el exdirector por, en su opinión, encubrir crímenes de lesa humanidad. El abogado Yuri Vásquez afirmó que Micco antepuso razones políticas a su mandato.
El Ministerio Público acusa al general en retiro de lavado de activos sobre 240 millones de pesos. Es el segundo alto oficial formalizado junto al ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba.
Desmenuzando la situación que afecta a la Policía -la que condenó el Presidente Boric en su gira al norte- el académico de la U. de Chile, Hugo Frühling, apuntó a la reforma como una vía para subsanar la falta de respeto hacia la institución.
“El llamado es a nuestros compañeros a no bajar los brazos”, señaló la legisladora tras conocer la sentencia del exuniformado, quien fue declarado culpable por efectuar apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas.
El documento había sido solicitado por el Ministerio Público a la congregación que se excusó de entregarla por el secreto en el que se basan las investigaciones canónicas. El informe había sido enviado al Vaticano para seguir la indagación.
El abogado de los familiares de las víctimas destacó la decisión que condenó a cuatro coroneles y un general de Ejército. “La justicia avanza silenciosamente dando cuenta de estas grandes heridas que nos dejó el pasado dictatorial”, precisó.
Esta situación se suma a la que se reportó el lunes pasado donde un cryptolocker (ransomware) afectó a 150 equipos con Windows 7. En el nuevo hecho, los computadores infectados contaban con antivirus vigente.
El ex jefe del Ejército debió declarar este martes en el marco de una investigación por malversación de caudales públicos. Mientras, familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte esperan que pronto se conozca la condena en este caso.
La titular de la cartera, Marcela Ríos, destacó este primer encuentro en el que partiparon familiares y agrupaciones y enfatizó en la deuda que tienen pendiente distintas organizaciones del Estado de Chile en el esclarecimiento de estos casos.
