La iniciativa, presentada por el diputado Diego Ibáñez, busca entregarle facultades al Presidente de la República para que, en estado de excepción constitucional, asegure el uso prioritario de agua para consumo humano.
“Siempre hemos sido invisibles” dicen los vecinos de uno de los macrocampamentos de la región. Desempleo, hacinamiento, falta de agua potable y alimentos, sumado a un caso de COVID-19 ya confirmado mantiene a las familias de Los Arenales en alerta ante la pandemia. Situación que se repite en otros puntos del país.
En esa provincia de la región de Valparaíso, el 34 por ciento de la población corresponde a adultos mayores o niños y niñas, es decir, son grupo de riesgo sanitario ante la pandemia de COVID-19. “Las familias sólo cuentan con un tercio del volumen mínimo de agua recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que establece que deben ser entre 100 a 150 litros por persona al día”.
Luego del informe entregado por el Poder Judicial, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtieron en la importancia de poner atención en los posibles focos de contagio al interior de los penales. Las condiciones de hacinamiento y poca salubridad, vuelven a ser el foco de las críticas.
Los datos objetivos, tanto aquellos manejados por la ONU como por agencias gubernamentales coinciden en que el uso del agua viene aumentando a una tasa del 1% anual, principalmente desde la década de los 80 del siglo XX hasta ahora. Esto, por el aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, que han incrementado ese uso.
Ante las medidas sugeridas por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19, miles de personas no tienen la posibilidad de cumplir con lo solicitado simplemente porque no tienen acceso a algo que para otros parece tan básico.
El Mandatario pidió al Congreso aprobar los temas pendientes del paquete de medidas económicas, particularmente el llamado Bono COVID-19 que asegura un monto de 50 mil pesos por carga familiar para los sectores más vulnerables.
En conversación con Radioanálisis, el diputado comunista indicó que las compañías que suministran agua y electricidad deben tomar medidas para no afectar a sus clientes.
A través de una declaración la organización indicó que “es el momento histórico para que el movimiento sindical y de trabajadores/as llamen y realicen una huelga general efectiva”.
El espectáculo se realizará el miércoles 1 de abril a las 20:30 horas. Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketek.
Desde la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales valoraron el fallo de la Suprema que otorga derechos de aprovechamientos de aguas a tres comunidades aymaras. Sin embargo, lamentaron que haya que recurrir a estas instancias para hacer valer un derecho.
Desde las organizaciones civiles se manifestaron decepcionados con los anuncios y aseguran que solo beneficia a la agroindustria.
Tras el debate organizado respecto del proceso constituyente se acordó que el horizonte de lucha de la organización es por una asamblea constituyente plurinacional y feminista
Luego de que se declararan desiertas las dos subastas de derechos de uso no consuntivo agendadas para este martes, los vecinos y organizaciones de la región aseguraron que mantendrán las manifestaciones en todas las que restan.
Desde las organizaciones que acudieron hasta Chillán para manifestarse en contra del proceso calificaron como “una victoria” la acción.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el vocero nacional de Modatima manifestó no sentirse sorprendido por la votación, en el Senado, en que se rechazó que el agua sea declarado como un bien de uso público. Además criticó la campaña del Gobierno en torno a la escasez hídrica.
El alcalde Manuel Devia informó que la zona de Nihue ya no tiene abastecimiento, por lo que al igual que otras localidades tendrá que ser abastecida a través de camiones aljibes.