En su fallo, el Máximo Tribunal reconoce que los militares son funcionarios públicos y, por ende, sus derechos son susceptibles de ser cautelados a través del procedimiento de tutela por vulneración ocurridos en el contexto de la relación laboral.
A través de la modificación de un Decreto Supremo, se extendió esta facultad exclusiva del Presidente al Ministerio de Defensa.
Las nuevas Reglas del Uso de la Fuerza, RUF, limitan el margen de acción de los funcionarios del Ejército, la Armada y la FACh al momento de ser requeridos en situaciones de contingencia, dentro de un contexto de excepción constitucional.
En cuanto a las críticas que ha recibido la iniciativa por algunos sectores, Espina sostuvo que lo importante es “que se logre dar tranquilidad, resguardar el orden público”, pues, según expresó, es el deseo de los chilenos.
En una entrevista con El Mercurio, el titular de Defensa aseguró que pese a la iniciativa de Gobierno respecto de la ley de Infraestructura Crítica, el presidente tiene la posibilidad totalmente abierta de volver a decretar Estado de Emergencia, si es que los disturbios así lo ameritan.
El ministro de Defensa también se pronunció respecto del comportamiento de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Emergencia, y aseguró que fue “con estricto apego a la ley”.
La organización, a través de un texto público, señala que la declaración pública de las Fuerzas Armadas constituye “un explícito acto de amedrentamiento a los organismos de derechos humanos,
En un balance sobre las primeras horas de toque de queda en Santiago y Valparaíso, el ministro de Defensa, Alberto Espina, respaldó la medida asegurando que “tenemos conciencia que las regiones tienen el mismo derecho de ser protegidos por las Fuerzas Armadas”.
El proyecto establece un nuevo mecanismo para costear la Defensa Nacional de carácter plurianual, estable, transparente y con amplios controles civiles y democráticos que incluyen al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República.
Luego de que Radio Universidad de Chile diera a conocer la situación en que se encuentran los cuatro oficiales que resultaron responsables en el caso de agresión sexual ocurrido en Calama en junio pasado, tanto el presidente de la Cámara como parlamentarios miembros de la comisión que investiga los fraudes en el Ejército reaccionaron preocupados por la rebeldía de la institución castrense.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, confirmó que son “casi 70 denuncias” de índole sexual las existentes en las diversas ramas castrenses. También se refirió al caso de dos conscriptas que denunciaron hostigamientos por parte de un superior en Antofagasta.
A partir de la serie de actos de corrupción que se han conocido en las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo presentó una serie de medidas que apuntan a mejorar la probidad y transparencias en las instituciones uniformadas. Fiscalía en tanto, prepara formalización del ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.
