El presidente de ONG Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, afirmó que el proyecto se debió cancelar hace años, desde que la ciudadanía lo calificó como “inviable. “Todo el sacrificio que ha hecho el Cajón del Maipo para una central que no operará”, señaló.
La activista entregó detalles sobre el monitoreo del que fue objeto por parte de una empresa contratada por la hidroeléctrica junto a otros tres dirigentes y advirtió que representantes medioambientales de regiones estarían siendo amenazados.
La exconcejala y otros tres activistas fueron monitoreados por una empresa de ciberinteligencia contratada por la hidroeléctrica. Sin embargo, esta desconoció la existencia de “actos ilegales ni arbitrarios”.
Distintas organizaciones ciudadanas cuestionaron las resolución del Comité de Ministros que respaldó los proyectos Los Bronces y Central Alto Maipo, los que apuntarían a “dar tranquilidad a los inversionistas”, pese a los impactos ambientales.
La demanda, interpuesta en diciembre de 2019 busca anular el contrato celebrado entre Aguas Andinas y Alto Maipo por contravenir las normas sanitarias, ya que la empresa sanitaria utiliza sus derechos de agua comprometidos en la Concesión de Servicio Público de Agua Potable para Santiago, cuyo fin es la producción de agua potable.
Los firmantes de una carta abierta a la sanitaria piden recordar que el único objeto de la concesión es proveer de agua potable a los habitantes de Santiago.
Los denunciantes piden a la Superintendencia de Medio Ambiente que se revoquen los permisos ambientales del proyecto.
Marcela Mella, vocera de la organización, señaló que con el inicio programado para el 2021, desde la empresa solo quieren dar una señal a sus inversionistas.
Luego de que el Segundo Tribunal Ambiental rechazara la medida cautelar que buscaba paralizar las obras de Alto Maipo en el tramo El Túnel-Las Lajas, la concejala Maite Burke presentará un recurso de reposición con el objetivo de impugnar el acto administrativo y que se frenen los trabajos mientras se investigue el daño ambiental.
Mediante un comunicado de prensa, la organización cuestiona a la fundación austriaca, a la que acusa de desconocer o tapar las graves transgresiones realizadas por la hidroeléctrica.
La Red Metropolitana No Alto Maipo junto al abogado Álvaro Toro del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, interpusieron la primera Reclamación de Ilegalidad contra el Programa de Cumplimiento de la compañía AES Gener recientemente aprobado por la SMA.
Luego de la Superintendencia de Medio Ambiente aceptara el programa de cumplimiento del proyecto energético, No Alto Maipo anunció la presentación de un recurso de reclación por ilegalidades en el documento, lo que se realizará en el Tribunal Ambiental de Santiago
Este domingo dos marchas se tomaron el centro de la ciudad. Una para manifestarse contra del mega proyecto hidroeléctrico Alto Maipo y otra para rechazar las vulneraciones a los derechos de los niños y adolescentes de Sename.
María Jesús Martínez, vocera de la Red No a Alto Maipo, se refirió a la presentación de una serie de antecedentes a la Contraloría hecha por la agrupación para acelerar la revocación de los permisos ambientales del proyecto hidroeléctrico en la zona.
AES Gener, compañía que controla Alto Maipo, informó que el término del contrato con una de las constructoras claves del proyecto habría provocado un default técnico y nuevos sobrecostos. Mientras, desde las organizaciones señalaron que este proyecto es nefasto y que nunca han existido las condiciones para su implementación.
Los representantes del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (CFI) visitaron por estos días nuestro país, para emitir un informe sobre el impacto del proyecto Alto Maipo. El documento será entregado a los organismos internacionales que operan como financistas.
Representantes de organizaciones de zonas afectadas por proyectos extractivistas se reunirán este fin de semana en el sector Cajón del Maipo. Dirigentes esperan articular una sola instancia para hacer frente a los conflictos socioambientales que se registran en todo el país.
