El presidente de la comisión de Constitución comentó las dificultades que implica el análisis de la iniciativa y criticó duramente la labor del Ministerio Público en materia investigativa. “Estoy absolutamente convencido que es necesaria una puesta a punto del sistema de persecución penal en su conjunto y eso implica una reforma estructural a cómo está funcionando hoy el Ministerio Público”, indicó.
Jorge Abbott también valoró el anuncio presidencial de creación de una Fiscalía Especializada para la investigación de delitos contra los Derechos Humanos pues, según señaló, ello permitiría avanzar en esclarecer si en Chile existe una política sistemática de vulneración de los Derechos Humanos.
Según los datos más recientes de la organización Global Witness, en 2019 hubo más de 200 asesinatos de defensores de derechos ambientales. De ese número, dos tercios de las muertes ocurrieron en América Latina.
En conversación con nuestro medio, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile manifestó la preocupación del organismo por la situación en el país. “Necesitamos una nueva policía que responda a las necesidades de una democracia que quiera ser respetuosa de los derechos humanos”, advirtió Piquer.
Más de 400 activistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta exhortando a los Estados a garantizar que los planes de vacunación contra el COVID-19 no discriminen a ninguna persona por ningún motivo, en particular a razón de su nacionalidad o estatus migratorio.
• El espacio internacional mostró su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad por eventuales delitos cometidos en el contexto de las movilizaciones tras el 18 de octubre de 2019, e instó al Estado chileno a respaldar la medida propuesta argumentando que “ayudaría a cerrar heridas frente la construcción de un nuevo pacto social que traerá el proceso constituyente”.
Desde el frontis del Palacio de Tribunales, decenas de familias hicieron un llamado a las autoridades para que se dé curso a una ley que absuelva y deje en libertad a quienes hoy son sindicados por el Gobierno y el Ministerio Público como autores de desórdenes en el contexto del estallido social.
En total son tres las iniciativas parlamentarias que proponen libertar principalmente a quienes se encuentran con prisión preventiva por actos de violencia perpetrados en el estallido social. “El que no está con las leyes y sus libertades, está en contra de Chile”, aseguró al respecto el parlamentario de RN, Gonzalo Fuenzalida.
Hoy vencía el plazo que puso el ministro del Interior al general director de Carabineros para entregar el documento con propuestas que solicitó el Gobierno luego de la brutal evidencia que denunció el informe de la ONG Human Rights Watch. Mientras, la instancia interministerial sesionó este martes con el foco puesto en las fuerzas de Orden y Seguridad.
Desde el exterior, Chile se verá como “un jugador que no es estable” lamentó el subdirector y coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Felipe Agüero. Mientras, organizaciones ecologistas junto a parlamentarios rechazaron tajantemente el camino tomado por el Ejecutivo.
Se trata de Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, ambos estaban siendo investigados por la justicia boliviana. La medida se da a días de que la Corte Internacional de Justicia falle sobre la demanda interpuesta por el país vecino.
Para la investigadora de la organización para Sudamérica, Valentina Ballesta, existen graves irregularidades en los juicios que se llevan a cabo contra comuneros mapuches, además del proceder de la Justicia liberando a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.
Su directora ejecutiva, Ana Piquer, habló de la importancia de darles resguardo –ante las amenazas surgidas– a los activistas que protestan por la sequedad en Petorca. En ese sentido, afirmó que es impresentable cómo en la provincia no se respeta el agua como derecho humano.
Cuando Michelle Bachelet se apronta a asumir la presidencia de Chile, Amnistía Internacional hace un llamado a la mandataria a poner los derechos humanos en el centro de su gobierno, asegurándose que éstos guíen la legislación y adopción de políticas en el país.
Un grupo de diputados demandó que el Gobierno presente un proyecto legislativo que derogue el Decreto Ley de Amnistía de 1978, aludiendo a la voluntad expresada por el Presidente de avanzar en la verdad y la justicia, a 40 años del golpe militar.
Representantes del espacio de memoria Londres 38 solicitaron al Ministro del Interior explicaciones sobre el violento desalojo de lienzos instalados por esa organización en los puentes del río Mapocho, recordando a los detenidos desaparecidos. En tanto, Amnistía Internacional reunió 25 mil firmas para pedir la modificación de la justicia militar y la derogación de la ley de amnistía.
La directora para nuestro país de Amnistía Internacional se refirió a los últimos episodios de violencia policía y afirmó que “no hay manifestación donde no se genere una denuncia de este tipo”. Además sostuvo que ven con preocupación los proyectos de ley que enviará el gobierno el Congreso, para resguardar el orden público.
