En sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado detalló las medidas que ha desarrollado su cartera para enfrentar el Caso Convenios, y reiteró su determinación de seguir en el cargo.
Los parlamentarios argumentaron que la crisis política provocada por el Caso Convenios se descomprimiría con la salida del titular de Desarrollo Social y Familia. Además, instaron al Presidente a “dejar de actuar bajo la lógica del compadrazgo”.
Tras la revelación de que el timonel accedió anticipadamente a antecedentes del caso Democracia Viva, desde el Socialismo Democrático señalaron que esto afecta las confianzas. Mientras, Apruebo Dignidad le ha da el beneficio de la duda al senador.
El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además planteó que es necesario aumentar los mecanismos de control para detectar rápidamente cuando ocurran irregularidades en la asignación de recursos de parte del Estado.
A través de una reunión telemática el presidente de Revolución Democrática supo sobre los primeros antecedentes en torno a la polémica que envuelve a la colectividad y que en un principio la circunscribieron a sólo “un error político”.
Durante la sesión de la Comisión de Vivienda del Senado, el titular de dicha cartera se refirió a la posible responsabilidad de la ex administración en el Caso Convenios. “El Gobierno anterior dejó totalmente programado el año 2022”, aseguró Montes.
La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, expuso que la organización “no cumplió requisitos importantes y por ello se decidió no avanzar en ese convenio”.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, detalló que “cada requerimiento de información será entregado con 5 años de antigüedad” lo que incluye a la administración del ex mandatario.
Luego de que la UDI pidiera la salida del titular de Vivienda, los timoneles del PC y el PPD respaldaron al secretario de Estado. “El único que puede pedir la renuncia de un ministro es el Presidente”, aseveró Natalia Piergentili.
Luego de conversar con el ministro de Justicia, Luis Cordero, a propósito del proyecto de ley fundaciones transparentes, el jefe de la bancada del Partido Socialista se refirió a la necesidad de un acuerdo nacional en contra de la corrupción.
La iniciativa busca, entre otras medidas, la exigencia de al menos dos años de antigüedad para que fundaciones reciban aportes estatales y que el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro sea de dominio público.
