Una extensa jornada de formalización se desarrolló en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que determinó el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el ex senador de la UDI Pablo Longueira y la reformalización del ex gerente de SQM Patricio Contesse, en el marco del caso SQM. La Fiscalía detalló la “red de boleteros”, integrada por personas cercanas a Longueira, que operaron para constituir el delito de cohecho.
De acuerdo a la declaración judicial de la ex tesorera del PRI en el marco de la investigación del caso SQM, Alejandra Bravo, le habría enviado un correo en el cual le consulta por unos pagos realizados por la minera no metálica a su pareja. “De ahí también sale un poco de mi sueldo”, señala la actual presidenta del PRI en el mensaje.
El persecutor reiteró su versión en medio de la discrepencia con el fiscal Emiliano Arias por la recepción de los correos electrónicos entre Pablo Longueira y Patricio Contesse. Este miércoles fue reformalizado además Giorgio Martelli.
Como hechos al menos curiosos calificaron abogados querellantes del caso SQM los robos de computadores sufridos por las oficinas del ex senador de la UDI y la sede de Providencia del Servicio de Impuestos Internos, en momentos que ambos son actores principales en la investigación del caso, por lo que emplazaron a la Fiscalía a investigar en profundidad ambas situaciones.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió un recurso presentado por la defensa del ex gerente de la minera no metálica que solicitó una nulidad procesal, por lo que la audiencia de formalización prevista para este miércoles 1 de junio fue pospuesta para el próximo 22 de junio a las 10 de la mañana.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el jefe de la bancada de diputados de esa colectividad sostuvo que si se llega a comprobar alguna responsabilidad de Carolina Tohá en un hecho ilegal, no podría contar con el respaldo del partido para repostular por la alcaldía de Santiago.
El Tribunal Supremo del PPD solicitó documentos contables al PPD para evaluar vías de financiamiento del partido que vincularían aportes de SQM a través de la corporación Chile Ambiente. La defensa de Patricio Rodrigo, director ejecutivo del organismo en ese entonces, sostiene que el Servicio de Impuestos Internos se equivocó al interponer una querella en su contra porque no hay ningún perjuicio fiscal en los dineros entregados por Chile Ambiente.
Un informe de la PDI establece que, a través de la organización Chile Ambiente, la empresa minera realizó millonarios aportes al partido cuando era presidido por la ahora alcaldesa Carolina Tohá.
La entidad presentó tres querellas, dos están relacionadas con el caso SQM, involucrando a 10 personas, y la tercera se dirige contra cinco contribuyentes anteriormente querellados en el caso Penta.
A la luz de los últimos acontecimientos en los que se ha visto envuelto la minera no metálica, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional a la empresa y al litio, un mineral considerado estratégico, para que su explotación vaya en beneficio íntegro del Estado de Chile.
El Ministerio Público anunció la formalización de 18 personas en el marco de la investigación del caso SQM, entre quienes figuran gente del círculo cercano a Pablo Longueira -quien es investigado por cohecho-, como su ex jefa de gabinete, Carmen Luz “Titi” Valdivieso.
En el Octavo Juzgado de Garantía, la Fiscalía presentará una solicitud para formalizar a 18 personas en el marco del caso SQM. El fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó esta decisión a la salida de la cuneta pública del Consejo de Defensa del Estado.
Con un 4,3 fue calificada la gestión del Gobierno en materia de agenda de transparencia en la política, de acuerdo Observatorio Anticorrupción. Si bien reconocen avances importantes la aprobación de la Ley de Partidos y de Fortalecimiento de la Democracia, enfatizaron en que aún hay áreas en las que falta regulación, como es el caso de la “puerta giratoria” entre el mundo público y privado.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago complica el futuro de las investigaciones judiciales sobre financiamiento ilícito de la política debido a que el argumento de la prescripción puede ser utilizado por las defensas de otros inculpados.
Gonzalo Molina aparece como representante legal de la Corporación de Asuntos Públicos, entidad ligada a la UDI y que prestó servicios a la minera no metálica los cuales no estarían acreditados para el Servicio de Impuestos Internos.
Marisa Navarrete ex jefa de la Oficina de Litigación penal del SII, sostuvo que el organismo fiscalizador además de errático, ha tenido un actuar “ilegal” en relación con la presentación de querellas por delitos tributarios nominativas, y que impiden a la Fiscalía investigar a otros involucrados en estos casos.
El abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, criticó la labor que ha tenido el servicio en la investigación de casos relacionados de corrupción y advierte que los procesos pueden terminar en la impunidad.
