La comparecencia del otrora titular de Interior estuvo enfocada en su presunta participación en las gestiones para obtener permisos para el proyecto Parque Capital desarrollado por el Grupo Patio, por el que Álvaro Jalaff también es investigado.
Tras conocer que el Gobierno de Piñera comprometió la retribución de $3.500 millones de pesos a la Universidad San Sebastián por servicios de laboratorio, diputados oficialistas anunciaron que le pedirán una investigación exhaustiva a Contraloría.
El diputado pidió a la Fiscalía investigar un posible delito de cohecho, luego de que un reportaje del The Clinic revelara conversaciones del abogado y el expersecutor que dan cuenta de coordinaciones para encontrar salidas a causas judiciales.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) destacó que el ex secretario de Estado y primo del exmandatario, “tiene que dar cuenta de su participación tanto en el nombramiento del director de la PDI como de la información que recibía del abogado”.
Junto con el exmandatario, la persecutora interrogará también en calidad de imputados a los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel y a los exsubsecretarios de la cartera Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.
La entidad solicitó un nuevo persecutor con dedicación exclusiva luego que la Fiscal Regional de Valapraíso, Claudia Perivancich, fuera designada para estudiar los presuntos delitos de cohecho y soborno en la venta de la participación del mandatario en Minera Dominga.
Este jueves el exministro del Interior, hoy inhabilitado para ejercer cargos públicos, declaró en calidad de testigo en el juicio oral por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado 2018 a manos de efectivos de Carabineros.
La acción del bloque en contra Sebastián Piñera y otras autoridades es muy similar a la que presentaron 16 abogados de la Defensoría Popular a principios de noviembre y que hoy investiga la fiscal regional de Valparaíso.
El abogado del ex ministro, Luis Hermosilla, hizo un llamado al Senado a pronunciarse sobre la acusación constitucional contenida en el libelo y no sobre la exposición realizada por los parlamentarios durante la sesión de este martes. El abogado penalista señaló que no negaba hechos inaceptables, pero exigió que, por el bien de todos, el juzgamiento, se haga “con un mínimo de rigor”.
El informe de la instancia debe ser presentado ante la Cámara de Diputados previo al debate de los parlamentarios que está agendado para este jueves 28.
En la Cámara de Diputados se presentó, este martes, el libelo que contiene la acusación en contra del ex titular de Interior. Luego del sorteo, la instancia quedó conformada por los UDI Sergio Gahona, Joaquín Lavín y Jaime Bellolio, la parlamentaria RN Catalina del Real y el socialista Marcos Ilabaca.
Una vez elegida la comisión, se debe notificar al ex ministro para que comience a correr el plazo para preparar su defensa.
La sesión en la que el ministro explicaría la situación de emergencia constitucional en el que se encuentra el país debió supenderse por las manifestaciones de los parlamentarios.
“Todas las medidas que adopte la autoridad, que no vayan encaminadas a construir una política de memoria con una perspectiva de Derechos Humanos, apoya el olvido y, en definitiva, termina siendo un compromiso con la impunidad”, sostuvo el académico de nuestra Universidad, Claudio Nash.
La iniciativa fue aprobada no solo con el respaldo de parlamentarios de la Democracia Cristiana, sino que también contó con el apoyo de otros partidos de la oposición, como el PPD y el PS. Horas antes, el ministro Andrés Chadwick anunció que pondrán urgencia al proyecto de Ley larga Antiterrorista.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que se corregirán los puntos rechazados por la Contraloría General de la República. En tanto, desde el Frente Amplio acusaron al Presidente Piñera de estar improvisando frente a un tema tan delicado.
Con 8 votos a favor, 2 en contra y una abstención, se aprobó el informe final que establece responsabilidad de ambas autoridades y también de quienes les precedieron, esto, por no poder llevar a cabo políticas que garanticen paz y diálogo en La Araucanía.
