El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos afirmó que “la gestión del saliente general Director, Mario Rozas, debe ser analizada a la luz de la legislación vigente”.
A juicio del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el General Director de la policía uniformada no puede encabezar dicho proceso porque no cuenta con la confianza de la ciudadanía y además se encuentra querellado.
Además la querella apunta al ministro del Interior Víctor Pérez, y contra el director general de Carabineros, Mario Rozas.
El organismo decidió este lunes ampliar la acción judicial que además apunta al representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile, Fernando Leanes.
La acción judicial fue interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra de contra todos quienes resulten responsables en los delitos de cohecho y prevaricación judicial.
A través de una misiva dirigida al relator especial de la ONU, Fabián Salvioli, la Comisión Chilena de DD.HH. y la AFDD acusaron “intentos del gobierno chileno de dejar en libertad a los condenados por crímenes de lesa humanidad”.
El presidente Piñera no descartó aplicar el beneficio a criminales de lesa humanidad y las víctimas de la dictadura alzaron la voz. “No aceptamos que la impunidad sea el camino que quiera profundizar el gobierno en medio de esta pandemia”, advirtieron desde la AFDD.
La petición se efectuó a través de una misiva dirigida a Diego García-Sayán, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la independencia de Magistrados y Abogados.
La Asociación de Magistrados también rechazó la suspensión de Urrutia, quien revocó la prisión preventiva de 13 de los imputados por el caso “Primera Línea”.
Desde la organización informaron que son más de 2500 personas, la mayoría jóvenes, las que se encuentran en prisión preventiva dictadas en procesos seguidos a partir del 18 de octubre.
La acción interpuesta por Unidad Social y la Comisión Chilena de DD.HH. se da luego de la decisión del intendente Metropolitano de implementar una estrategia de ‘copamiento’ en el que más de mil efectivos de Carabineros reprimieron cualquier indicio de manifestación.
En conjunto a diversas organizaciones migrantes del país, la Comisión solicitó también que los culpables de los hechos paguen por sus delitos, que se entregue reparación a la víctimas y que se hagan test de paternidad.
