El tribunal acogió la demanda de reparación por daño ambiental presentada por el Estado en contra del titular del proyecto minero ubicado en la Región de Arica y Parinacota por la destrucción de material arqueológico único e irrepetible y que no se puede recuperar.
El recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado fue rechazado por la Corte de Apelaciones. Este caso, que implicará el pago de $2.500 millones de pesos para la minera no metálica, quedará en la historia como una muestra de la justicia negociada entre el Ministerio Público y la defensa de SQM, en una causa con gran connotación pública y que develó los delitos de cohecho y soborno en altas esferas de la política.
Luego de su disolución, el organismo deberá devolver al fisco 90 inmuebles. Víctor Osorio, ministro de Bienes nacionales entre 2014 y 2016, dijo que la investigación judicial contempla que la fundación cuenta con más 200 bienes fiscales.
El organismo llevó a cabo esta acción en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por malversación de caudales públicos y lavado de activos.
Juan Ignacio Piña, ex funcionario del Gobierno de Sebastián Piñera, no quiso pronunciarse sobre su votación en las causas que revisen la situación del expresidente.
La reciente designación de Javiera Blanco como consejera del CDE, además de generar ácidas polémicas porque dicha nominación ocurre a meses de su salida del Gabinete de la Presidenta Bachelet en medio de cuestionamientos a su labor, ha planteado la necesidad de cambiar los sistemas de nombramiento de este tipo de cargos, tal como lo plantean diputados de la comisión de Constitución.
Luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidiera el embargo de todos los productos financieros de la fundación CEMA Chile, institución de la que hasta agosto pasado fue presidenta Lucía Hiriart, el ministro en visita Guillermo de la Barra resolvió aceptar el requerimiento, con lo cual mil 300 millones de pesos serán incautados a la fundación.
Parlamentarias de la bancada comunista e Izquierda Ciudadana junto a representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, entregaron una carta al Consejo de Defensa del Estado para que se estudien acciones legales en contra del grupo Laureate.
Con esta decisión, la fiscal que investiga el caso Corpesca, Ximena Chong, podrá solicitar la formalización del senador de la UDI. “Esto marca un antes y un después, ya que la mayortía de las personas cree que los senadores son intocables”, señalaron organizaciones de pescadores artesanales.
En el marco del rechazo del Estado Mayor Conjunto de entregar a la periodista Catalina Gaete las actas del COSENA, el Consejo de Defensa del Estado advirtió que su función es de defensa y de reserva de la información. Mientras, el diputado de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez, exigió al organismo la transparencia de los antecedentes por el bien de la democracia.
El Consejo de Defensa del Estado solicitó ante la Tercera Sala de la Corte Suprema que anule el fallo en el que requiere que, a través del gobierno chileno, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA visite la cárcel donde se encuentra el opositor al gobierno de Venezuela.
Con el fallo de la Corte Suprema a favor de ampliar derechos de los funcionarios públicos, trabajadores y abogados laboralistas llamaron al Estado a hacerse cargo de asegurar la protección de sus empleados.
