El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, aseguró que el Ministerio de Salud ofició al Consejo de Defensa del Estado para definir si procede una investigación. Igualmente, descartó irregularidades en el Hospital Provincia Cordillera.
En el marco de la cuenta pública del CDE, el presidente de la institución, Raúl Letelier, expuso que la entidad ha otorgado “una prioridad estratégica” al refuerzo de la capacidad de acción para la persecución de crímenes de este tipo.
El anuncio lo hizo la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien precisó que se realizó una exhaustiva revisión al contrato y su ejecución.
La orden de no innovar solicitada por el abogado Mario Vargas pretendía impedir que la CDE accediera a sus conversaciones con Hermosilla por considerarlas de carácter privado. Sin embargo, la última pronunciación la tendrá el Tribunal de Alzada.
Se trata del abogado Mario Vargas, quien ayer ingresó un recurso en el tribunal de alzada santiaguino contra las intenciones anunciadas por el presidente del CDE, Raúl Letelier, de solicitar a la fiscalía conocimiento de los mensajes.
El titular de Justicia indicó que “la mejor defensa siempre son los hechos y el derecho, y no descalificar instituciones”.
El jefe comunal aseguró que en el ente persecutor hay “prejuicio y politización excesiva”. Además, acusó al CDE de montar una operación en su contra liderada por el presidente del organismo, Raúl Letelier, a quien vinculó con el Frente Amplio.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, se refirió a la investigación por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos en el caso de las farmacias populares.
Según el Consejo de Defensa del Estado, Juan Ramón Godoy tuvo “una administración desleal de los fondos públicos, ocasionando con ello un perjuicio económico al erario fiscal”.
El CDE presentó la acción contra siete exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú. Según la investigación penal, a la fecha, el perjuicio provocado al patrimonio comunal superaría los 30 mil millones de pesos.
En contraste, la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo aseguró que “el fallo es una burla para cientos de personas”. Esto último, porque Cheyre recibió una condena de cinco años que podrá cumplir bajo libertad vigilada.
La máxima autoridad del Ministerio Público abordó las críticas respecto a la detención de los involucrados con la fundación Democracia Viva ad portas del plebiscito. Además, se refirió al Caso Audios y los dichos de María Inés Horvitz.
La querella indica que se realizaron una serie de rendiciones de gastos de campaña que dan cuenta de “maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales”.
La acción penal del Consejo de Defensa del Estado también se dirige contra todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, de esos u otros delitos que puedan acreditarse durante el curso de la investigación.
El ministro de Hacienda envió un oficio al Consejo de Defensa del Estado para que se querelle contra quienes sean responsables de los delitos revelados en las grabaciones, y sea parte de este proceso como representante de los intereses del Fisco.
La entidad, en representación del Gobierno Regional de La Araucanía, interpuso una querella en contra de cuatro funcionarios públicos, por presunto fraude al fisco por más de $658 millones en el caso Convenios.
La acción se funda en los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa de fiscalía y dan cuenta de una serie de acciones ejecutadas de manera concertada por los funcionarios públicos y los particulares para defraudar el patrimonio del GORE.
