“Esta decisión se enmarca en el deber que tiene Chile y también Australia, en lo que a las garantías de no repetición que debe cumplir todo Estado” manifestó respecto a la decisión de la Alta Corte australiana.
El abogado querellante Pablo Fuenzalida, se mostró satisfecho con este fallo, ya que “después de 48 años la Corte de Apelaciones condena a 15 años y un día de presidio a carabineros por crímenes en dicha localidad
Para la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos la muerte del llamado fiscal favorito de Pinochet sin que haya prestado colaboración para el esclarecimiento de causas pendientes es uno de los vejámenes que deben seguir soportando los familiares de las víctimas.
Para la Comisión Chilena de Derechos Humanos lo sucedido en Chile desde octubre pasado se enmarca en una política grave y sistemática de violaciones a los derechos humanos y los hechos del viernes solo vienen a reafirmar eso. “Aquí no solo hay responsabilidad política, sino también penal en el marco de lo que son las obligaciones que tiene la autoridad en el manejo del orden público”, señaló su presidente en entrevista con nuestro medio.
La institución penitenciaria reconoció que emitió oficios para informar del cambio en los requisitos para acceder a la libertad condicional, pero esas “directrices no fueron seguidas en algunos casos particulares”. Por lo mismo, anunciaron una investigación para perseguir responsabilidades administrativas.
El ex general director de Carabineros fue sometido a proceso por las torturas con resultado de muerte del estudiante de la Universidad de Chile, Patricio Manzano. Se le investiga por su participación en calidad de cómplice
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, diputada Carmen Hertz, reaccionó a la información de la petición de indulto presidencial que pretende realizar Álvaro Corbalán, el ex agente de CNI y que se funda en problemas de salud debido a una enfermedad en los ojos.
El presidente del máximo tribunal del país expresó en su discurso ante los nuevos abogados que tomaron juramento ante el Pleno, su inquietud respecto de las consecuencias de la acusación constitucional a los ministros de la sala penal. “Cada uno de estos poderes puede actuar solo en las materias propias de su área, lo que también puede decirse afirmando que no es lícito que alguno de estos poderes intervenga en la cuestiones que privativamente han sido encomendadas a otro”.
Las sentencias fueron dictadas en el marco del secuestro de Jorge Grez Aburto, detenido desaparecido el 23 de mayo de 1974.
Luego de que la Corte Suprema acogiera los recursos de amparo de reos condenados por crímenes de lesa humanidad y concediera su libertad condicional, la cátedra de derechos humanos de nuestra casa de estudios, emitió una declaración pública en la que llama a la alerta a la sociedad y a las autoridades del Estado para perseverar en el esclarecimiento de los crímenes, en la verdad, la justicia y en las políticas de reparación integral para las víctimas de la dictadura.
La querella por injurias habría sido interpuesta contra el comunicador por la hija del ex uniformado Raúl Quintana Salazar, Carolina Quintana. La demandante es representada por el abogado Juan Carlos Manns, quien anteriormente había defendido judicialmente al ex director de la DINA, Manuel Contreras.
El gobierno, a través de su vocera, afirmó que el proyecto de ley responde a razones humanitarias por motivos de salud. La Oposición ya adelantó que no apoyarán una normativa que permita la impunidad.
Quien fuera condenado a diez años de presidio por el “caso Torres de San Borja” fue captado en un vídeo dado a conocer póstumamente y en el que anuncia el lanzamiento de un libro en el que cuenta la “verdad” sobre los detenidos desaparecidos.
En la práctica, las solicitudes de beneficios por parte de los reos serán sometidas a un procedimiento administrativo en el Poder Judicial. El ejecutivo, de ser aprobada la propuesta, ya no contará con la facultad de la decisión.
Así lo afirmó el abogado de derechos humanos, quien se refirió a la trascendencia de la reciente condena dictada contra un civil por crímenes contra campesinos de Paine en 1973.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado en contra de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, por no responder a la solicitud de indulto presentada por familiares de dos internos del Penal de Punta Peuco.
Dos militares en retiro y un ex efectivo de la PDI, vinculados a la desaparición de cinco militantes del FPMR en los últimos años de la dictadura, debían ser internados en el penal de Colina I, pero hasta ahora se desconoce su paradero.
