El estudio busca establecer un contexto y dar herramientas para la prevención de la violencia y acoso en los entornos laborales.
Los salarios para el sector se incrementarán en un 3,0%, a contar del 1 de diciembre de 2024. Luego, a contar del 1 de enero y junio de 2025, el incremento será de un 1,2% y 0,64%, respectivamente.
Si bien desde la Mesa del Sector Público solicitaron un alza de un 7,5% nominal, desde el Gobierno contrapropusieron un 4,1%. Para los gremios, éste porcentaje no es suficiente y anticipan que tendrán que sentarse a trabajar sobre dicha cifra.
Más de 60 mil personas se manifestaron a nivel nacional por los “retrocesos” en las condiciones laborales de los trabajadores del Estado. La movilización fue cuestionada por el Gobierno, pero aseguraron que el proceso de ajuste seguirá adelante.
La paralización comenzó a las 8:30 horas en el frontis de la Contraloría, donde el presidente de la ANEF, José Pérez, encabezó una manifestación.
El coordinador de la instancia, Carlos Insunza, cuestionó la postura de parlamentarios de oposición, quienes advirtieron que no apoyarán un aumento en salarios de empleados fiscales.
Tras una sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, los parlamentarios Luis Cuello (PC) y Leonardo Soto (PS) presentaron un proyecto que busca establecer por ley este principio.
Entre las demandas de materia económica, los gremios proponen un reajuste nominal de un 7,5%. A esto se suma, la reducción de la jornada en el sector público a 40 horas y la reactivación de incentivos al retiro para mayores de 65 años.
El mundo sindical se manifestó a nivel nacional para que la nueva contralora, Dorothy Pérez, no se abstenga de ejercer su deber constitucional de fiscalización del Estado. Por su lado, el Gobierno recalcó el rol autónomo del organismo.
Luego de la muerte del gasfíter Hugo Morales, quién falleció tras cumplir extensas jornadas laborales en el interior del Palacio de La Moneda, los gremios de trabajadores denuncian que el funcionario fue “vulnerado y explotado”.
El dirigente sindical cuestionó que el Gobierno “sacó el pie del acelerador” sobre la Ley de 40 Horas para el sector público, pero dijo tener la expectativa de que se cumpla la palabra empeñada: “Esperamos certeza de nuestra contraparte”.
El dirigente valoró los esfuerzos del Ejecutivo de “priorizar la protección social y el empleo”. Sin embargó, cuestionó que no se considerara dentro de las partidas presupuestarias la implementación de la nueva legislación sobre acoso laboral.
La disminución del valor es gracias a la entrada en vigencia de un paquete de beneficios sociales que le permitió al Ministerio de Hacienda inyectar más de US $25 millones al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
Desde la CUT consideran que algunas de sus peticiones “se han estado tratando, pero no con la celeridad necesaria”. La reducción de la jornada laboral a 40 horas y el incentivo al retiro son parte de los proyectos que no se han materializado.
El Ejecutivo destacó el cumplimiento de uno de los puntos del programa del Presidente Boric. Mientras, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a insistir en la discusión por el “salario vital” que propusieron meses atrás.
El consejero nacional de la multisindical, Juan Moreno, denunció que las compañías han ocupado el artículo 161 del Código del Trabajo “de forma mañosa para despedir a las y los trabajadores”.
El presidente de Revolución Democrática espera que el mundo político pueda dar este debate “con racionalidad”, para avanzar en una materia que “está totalmente pendiente en nuestro país”.
